Organizaciones a favor de legalizar la prostitución acusan a Igualdad de imponer ideología para acceder a subvenciones

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones a favor de legalizar la prostitución han acusado este martes al Ministerio de Igualdad de "imponer una posición ideológica" como requisito para acceder a subvenciones públicas destinadas a programas contra la violencia hacia las mujeres.

"Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta, de carácter abolicionista, como requisito para acceder a los fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regular cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho", han asegurado.

Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa en el Ateneo La Maliciosa, en Madrid, entidades entre las que se encuentran el sindicato Otras, CATS, Asamblea Feminista de Madrid, Alianzas Rebeldes y Red de Voces Feministas por los Derechos y Afemtras.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo ha iniciado la tramitación de una modificación de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres en la que apuesta por excluir de recibir ayudas a entidades que no sean abolicionistas de la prostitución.

Desde el sindicato Otras, han recalcado que la prostitución no está tipicada como delito en el ordenamiento jurídico español, ni definida legalmente en sí misma como violencia de género. Además, han reivindicado derechos laborales y equiparar a las trabajadoras sexuales "al resto de la clase trabajadora".

A juicio de las organizaciones, la propuesta del Ministerio de Igualdad que consideramos es "grave e incompatible con los principios del derecho administrativo, el pluralismo democrático y la protección efectiva de los derechos humanos".

Por su parte, desde la Red de Voces Feministas por los Derechos, integrada por personal investigador, han alertado además de que "no existe consenso académico internacional" que permita sostener esa definición como base administrativa para la concesión de ayudas.

Asimismo, han pedido a Igualdad eliminar cualquier requisito que obligue a asumir posiciones ideológicas concretas para acceder a subvenciones; garantizar criterios exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios; respetar el pluralismo democrático y la neutralidad ideológica; y adoptar un enfoque basado en estándares internacionales de derechos humanos.

ESTUDIARÁN ACCIONES LEGALES

Igualmente, las entidades han indicado que, si la orden ministerial se aprueba en los términos actuales, estudiarán emprender acciones legales por considerar que se vulneran principios constitucionales y derechos fundamentales.

Mientras tanto, han insistido en que la medida podría reducir el número de entidades que trabajan con mujeres. "No se puede excluir a las propias trabajadoras sexuales de las decisiones que afectan directamente a sus vidas", han afirmado.