Actualizado 03/12/2015 18:38 CET

El TSJC reconoce el derecho de un niño a la educación inclusiva en una sentencia pionera

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a escolarizar en un instituto de secundaria a un alumno de Ametlla del Vallès (Barcelona) al que la Generalitat quería mandar a un centro de educación especial, en el marco de una sentencia pionera a favor de la "educación inclusiva", ha informado la Fundación Gerard a Europa Press.

El fallo desestima el recurso de apelación interpuesto por la Generalitat contra una sentencia de 2014 a favor de la educación inclusiva de Gerard F.M. de 14 años, ha informado 'El Diari de l'educació'.

El alto tribunal se ha posicionado a favor de una "educación inclusiva en el sistema educativo ordinario", pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado el recurso de la Generalitat.

Fiscalía entendía que "el menor tiene dificultades de escolarización y necesita el apoyo sin que sea posible que disponga de ellas en un centro ordinario si no se adoptan medidas desproporcionadas".

La sentencia alega que la ley educativa defiende que "la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo".

También hace referencia a la Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia al señalar que "los niños y los adolescentes con discapacidades tienen derecho a una escolaridad inclusiva y con el apoyo necesario para potenciar el máximo desarrollo académico, personal y social".

Ha subrayado que los poderes públicos deben prestar una "especial atención en la prevención y la eliminación de actitudes discriminatorias dirigidas a niños y adolescentes con discapacidades".

INFORME PSICOPEDAGÓGICO "EVIDENTE"

A la luz del informe psicopedagógico del menor, el tribunal dice que "resulta evidente" que no existe la más mínima prueba de que el esfuerzo que exige a la administración la Ley 4/2010 sea en este caso desproporcionado o indebido.

Según el TSJC, de la normativa "se desprende como principio general que la educación debe ser inclusiva, es decir se debe promover la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria, proporcionándoles los apoyos necesarios para su integración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad".

La fundación ha resaltado que, de este modo, Gerard ve reconocido su derecho a la educación inclusiva recogido en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.