EUROPA PRESS
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El coste anual de la violencia o abuso sexual a niñas, niños y adolescentes (NNA) en España es de más de 979 millones de euros, según el estudio 'Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico' presentado este viernes por Educo y la Cátedra Santander de Derecho y Menores.
El estudio se ha basado en los datos del Anuario de la Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, del año 2015, que reflejan que un total de 3.919 NNA denunciaron ser víctimas de violencia o abuso sexual en España. La investigación, según ha asegurado el netólogo del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA) Kepa Larrañaga, ha trabajado con estos datos por ser la información "más actualizada".
Este dato alcanzaría una cifra de 97.415 afectados en casos no denunciados, basada en la prevalencia de la campaña 'Uno de cada 5' del Consejo de Europa, que afirma que, de cada cinco niñas. Niños y adolescentes, uno sufre violencia sexual a lo largo de su infancia.
El experto ha explicado que lo "más significativo" de esta estimación es que el coste sanitario es el "más abundante", ya que, con casi 850 millones de euros, representa casi el 87 por ciento del total de los costes de la violencia contra la infancia.
El coste educativo de este tipo de violencia supondría un gasto anual de 4,1 millones de euros, con motivo de la repetición del curso académico por parte de la víctima. "Llama la atención la repercusión futura de esta violencia. Es evidente que la víctima va a tener problemas significativos en su vida adulta", ha señalado Larrañaga.
En cuanto a los costes judiciales, el estudio estima un gasto anual de más de 67 millones de euros por servicios penitenciarios y de 2,2 millones de euros por procedimientos judiciales.
Por otro lado, los costes sociales, según la investigación, implicarían un gasto anual de 44,4 millones de euros en centros de acogida; y de 11,4 millones de euros en familias de acogida. "Hay que hacer una mejora en el registro de casos, es importante avanzar en un registro en el cual los casos se vean en su longitud, acumulando información", ha subrayado el experto.
AUSENCIA DE DATOS PARA ANALIZAR EL PROBLEMA
El informe, según ha indicado el miembro del Comité Derechos de Niño de Naciones Unidas Jorge Cardona, recoge una parte de los costes económicos de una "pequeña parte" de la violencia contra los niños. "Nos revela la ausencia de datos, nos deja claro que se habla de una punta de iceberg, pero debajo del mar hay mucho más. Por los pocos datos que tenemos sabemos que estamos ante un drama", ha precisado.
Además, Cardona ha defendido que todo ciudadano que es consciente de un presunto delito contra la infancia "tiene que estar obligado a denunciar". "El conocimiento de que se está cometiendo un delito es una obligación de denunciar, si no, de algún modo, se está actuando como cómplice", ha dicho.
"Cuando un niño o una niña sufre violencia el dato es 100%. Si no actuamos la violencia continúa", ha sentenciado la responsable de RRII e Incidencia Política de Educo, Clarisa Giamello, quien ha destacado que el "coste de oportunidad" que se está perdiendo es porque estos niños "no han desarrollado todo su potencial" y "nunca" se sabrá hasta dónde llegarían.
Por su parte, la directora de la Oficina del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza, Sandra León, ha resaltado que este estudio es importante porque "otorga visibilidad a un problema que ha permanecido invisible en la agenda política durante mucho tiempo", en parte, a su juicio, por la "dificultad" de presentar datos para medir el problema. "Es muy difícil atender un problema sin la capacidad de comprenderlo. Es un problema que no se puede permitir ninguna sociedad", ha señalado.
MEJORAR LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Para erradicar la violencia infantil y luchar contra la desigualdad y la pobreza, León ha apostado por "mejorar los mecanismos de cooperación institucional". "Si los engranajes no están bien el mecanismo no funciona. Es importante que exista una cooperación institucional", ha concretado.
Asimismo, ha incidido en que cuando se pierde la infancia "se pierde el capital social, humano, político y económico" de una sociedad, por lo que calcular estos costes es, en su opinión, "muy importante para comprender el problema". "La pobreza y la violencia infantil tienen un coste social muy grande, porque se pierde lo que dejan de hacer estos niños", ha lamentdo.
En la misma línea, el director General del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Federico Buyolo, ha destacado que la visibilización del problema es la "parte fundamental" para solucionarlo y que sin datos "difícilmente" se pueden tomar "decisiones acertadas". "Tenemos que tener un cambio de mentalidad basado en el conocimiento y en la experiencia, con un objetivo de justicia", ha manifestado.
"Entendemos que hay que generar nuevas dinámicas de trabajo, entender que este problema está interconectado con otras actuaciones. Sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar y tenemos voluntad política para hacer que la gobernanza cambie", ha asegurado.
La violencia ligada a la pobreza, según ha explicado Buyolo, es una "clave fundamental que hay que atajar desde distintos puntos de vista". "Una sociedad que no atienda a sus niños es como si nos pegáramos un tiro en el pie. La agenda 2030 dice que todos somos necesarios para cambiar y que nadie quede atrás, tenemos que cambiar en la manera de hacer las cosas y este es el camino", ha sentenciado.
Durante su intervención, el subdirector de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ángel Castellanos, ha asegurado que estudios como este ponen el foco en que "no hay datos" o que están "dispersos, ocultos, poco transparentes", por lo que ha defendido que "hay que interconectarlos". "Tratamos de unificar y reunir los datos de las estadísticas oficiales, pero hay que trabajar para mejorarlos", ha matizado.
"Estamos terminando de elaborar la Memoria de Análisis de Impacto en Infancia, Adolecencia y Familia para los Presupuestos Generales de 2019. Es una primera iniciativa de identificación de partidas presupuestarias, es un primer documento que iremos mejorando", ha asegurado Castellanos, quien ha resaltado su deseo de que las recomendaciones del estudio estén reflejadas en el primer borrador de la Ley de Protección de Violencia contra la Infancia.
