Reclaman dotación presupuestaria para la nueva norma y sumar esfuerzos para rechazar todo tipo de violencia contra los pequeños
MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales World Vision y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Naciones Unidas han reclamado este martes al Gobierno y a los partidos políticos españoles "consenso" para aprobar en 2019 el proyecto de ley integral contra la violencia contra los niños.
En rueda de prensa en la sede de UNICEF en Madrid, el director general de World Vision, Javier Ruiz, la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia contra los niños, Marta Santos Pais, y la responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF, Cristina Junquera, han subrayado la importancia que tendrá la aprobación de esta norma para erradicar la violencia contra los menores y para poner el foco en la prevención de este fenómeno.
Santos Pais ha asegurado que "en el mundo cada cinco minutos un niño muere como resultado de una situación de violencia" y ha recalcado que la violencia no solo genera "muerte" sino también "un trauma" en los niños que comprometerá su futuro. Por ello, ha abogado por luchar contra la violencia infantil desde la perspectiva de la prevención, por ser más eficaz y por suponer, además, un claro ahorro de recursos económicos.
En este sentido, la representante especial de Naciones Unidas ha dicho que la violencia contra los menores representa cada año un coste económico que equivale al 8 por ciento del Producto Interior Bruto a nivel global. "Eso significa muchísimos fondos que podrían ser invertidos en servicios de calidad, de apoyo y de protección, para prevenir la violencia", ha añadido.
La situación actual en lo que se refiere a la violencia contra los pequeños, según ha resaltado, supone "un problema profundo" a nivel mundial y al mismo tiempo "una oportunidad inmensa" para actuar para poner fin a este fenómeno, cambiar las mentalidades y proteger a los niños de forma definitiva.
Además, ha señalado que es mucho más costoso en términos económicos actuar en respuesta a los casos de violencia contra niños que desde la prevención y ha asegurado que la respuesta a las situaciones de violencia infantil supone cada año un gasto de 7.000 millones de dólares (6.166 millones de euros).
Santos Pais ha hecho hincapié en que el proyecto de ley que aprobará el Gobierno español, del que ha destacado su "firme compromiso" con la norma, y que confía en que sea tramitado por el Parlamento en 2019 supone una "protección integral" de los menores frente a la violencia "en todas los momentos y en todos los ámbitos", incluidos los colegios, las familias, los procesos judiciales, los casos de menores no acompañados, los niños migrantes, el ámbito de Internet y en otras situaciones complejas.
UN DÍA DE VIOLENCIA PARA LOS NIÑOS "ES UNA ETERNIDAD"
"Esta ley seguramente se pueda mejorar pero lo que no se puede es perder tiempo", ha subrayado la representante especial de Naciones Unidas, antes de dejar claro que para los pequeños "un día de violencia es una eternidad".
Santos Pais ha indicado que la previsión es que el Ejecutivo español apruebe el proyecto de ley contra la violencia infantil "a finales de año" y que el Parlamento pueda abordar su tramitación en 2019 y aprobarla de forma definitiva, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En este sentido, ha confiado en que España, con la aprobación de esta norma, asuma un papel de "liderazgo" contra la violencia infantil en la escena internacional y ha destacado la necesidad de que todos los actores estén de acuerdo en que cualquier tipo de violencia contra los niños es inaceptable en cualquier contexto. "Esperamos que esta ley sea un referente para otros países en el mundo"
En representación de la Alianza para erradicar la violencia contra la infancia, un colectivo que integra a Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Plataforma de Infancia, Save the Children, UNICEF y World Vision, el director de esta última ONG, Javier Ruiz, ha contado que este martes los miembros del grupo se reunirán con grupos parlamentarios españoles para hablar sobre el proyecto de ley para tratar de formar un "consenso" en torno a una norma que consideran fundamental.
Ruiz ha dicho que el proyecto legislativo supone "una gran oportunidad de consenso" y ha incidido en que el tema de la lucha contra la violencia infantil debe afrontarse como una "política de Estado", con todos los actores aunando esfuerzos en la misma dirección.
Además, ha explicado que es importante que la nueva norma tenga una dotación presupuestaria específica para poder aplicar todos y cada uno de los aspectos que contempla en su perspectiva de protección "integral" contra la violencia infantil.
El director general de World Vision ha afirmado que el proyecto de ley contempla medidas de protección a los menores en "todos los ámbitos", con iniciativas como que los niños no tengan que declarar ante los jueces en procesos sino ante psicólogos especializados para no verse expuestos a un trauma mayor.
Además, ha recalcado que la ley se basa en el principio de que no se puede justificar bajo ningún concepto que se golpee al menor, tampoco en el ámbito de la educación familiar porque se debe apostar por la educación desde el respeto al menor en todo momento.
La norma también aboga por crear una base de datos especializada sobre casos de violencia contra menores y por impulsar el establecimiento de juzgados y fiscalías especializadas en este ámbito.
Por su parte, la responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF, Cristina Junquera, ha contado que las ONG que conforman la Alianza para erradicar la violencia contra la infancia han contado con la participación de los niños mediante una consulta pública a la hora de elaborar el proyecto legislativo.
Además, ha indicado que las ONG han estado en contacto continuo con representantes de los Gobiernos autonómicos, un nivel institucional con mucha importancia en la lucha contra la violencia infantil y la aplicación de la futura ley, porque competencias como Educación y Sanidad recaen en el ámbito regional.
