Sumar quiere que no prescriban los abusos a menores cometidos de forma sistemática o en el seno de instituciones

    MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Sumar ha pedido imprescriptibilidad en casos de abusos a menores sistemáticos o institucionales, mientras que el PSOE la limita a delitos con penas superiores a 10 años de prisión.

   Así se desprende de las enmiendas que han registrado las formaciones en el Congreso a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad. La iniciativa, promovida por el Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña, se admitió a trámite en a Cámara Baja en 2024.

   La proposición busca reformar normas clave del ordenamiento penal y procesal en España para que los delitos contra la libertad sexual cometidos por adultos contra menores no prescriban cuando tengan la consideración de graves. En cuanto a los delitos de este tipo menos graves, el texto plantea que prescriban más tarde con el fin de que la víctima pueda denunciar los hechos al menos hasta que tenga 50 años.

   En este sentido, Sumar plantea modificar el apartado 3 del artículo 131 del Código Penal para ampliar los supuestos en los que los delitos sexuales contra menores no prescriban. En concreto, propone que sean imprescriptibles cuando se hayan cometido como parte de un plan sistemático de persecución contra un colectivo vulnerable o cuando los abusos se hayan producido en el seno de una institución u organización de forma continuada.

   "Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona, ni los delitos contra la libertad sexual cuando fueran cometidos como parte de un plan sistemático de persecución de un colectivo vulnerable o se hubieran cometido en el seno de una institución u organización de cualquier tipo durante un tiempo prolongado, de forma continuada y sistemática y la victima fuera un menor de edad", indica el socio minoritario del Gobierno.

   Además, Sumar defiende que en los casos que no entren en esos supuestos el plazo de prescripción empiece a computarse cuando la víctima cumpla 45 años, lo que supone la misma edad que recoge la iniciativa inicial.

    El Grupo Socialista, por su parte, opta por un criterio basado en la gravedad de la pena. Propone que solo sean imprescriptibles los delitos sexuales contra menores cuya pena máxima prevista supere los 10 años de prisión.

   De esta forma, el PSOE restringe la imprescriptibilidad a los casos más graves desde el punto de vista penal, evitando que se aplique de manera generalizada a todos los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores.

EL PP AÑADE EL CONCEPTO "INDEMNIDAD SEXUAL"

   Por otro lado, PP, Vox, Podemos, PNV, ERC y BNG también han registrado sus propias enmiendas a la iniciativa. En esta línea, los 'populares' apuestan por modificar el título de la norma para que pase a denominarse proposición de Ley Orgánica de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos contra menores de edad, incorporando así de forma expresa el concepto de indemnidad sexual en la redacción.

   Vox, por su parte, quiere que los delitos de agresión sexual contra menores o personas especialmente vulnerables tengan plazos de cancelación de antecedentes penales de diez años y que se considere delito cualquier conducta que impulse o facilite la implicación de menores en actos sexuales, incluida la difusión o justificación de esas conductas.

   Mientras, el PNV pide que los términos se computen desde que la víctima cumpla los 35 años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento. En el caso de que los delitos lo fueren contra la libertad sexual y la pena máxima señalada fuere superior a prisión por 15 años o más, apuesta por que se inicie el cómputo a partir de los 40 años de edad.

   Podemos, en cambio, quiere que determinados delitos graves cometidos contra menores de edad tengan un plazo de prescripción más amplio, que se computará desde que la víctima cumpla 50 años.

   Por otro lado, ERC apuesta por que el inicio del cómputo sea con 45 años, incluye el delito de torturas y modifica además algunas leyes que afectan a matrimonios civiles.

   Finalmente, BNG defiende en sus enmiendas que no prescriban los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea menor y la pena máxima sea de tres años o más.