El Gobierno afirma que "no se han apreciado disfunciones" en la protección de víctimas extranjeras de violencia machista

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso que "no se han apreciado disfunciones importantes en la aplicación" de los artículos de la Ley de Extranjería dirigidos a proteger a las inmigrantes víctimas de violencia de género y trata de blancas, los mismos preceptos (31bis y 59bis) que los grupos parlamentarios de la Cámara están negociando modificar.

A preguntas del portavoz parlamentario del PNV en materia de Inmigración, Emilio Olabarría, Gómez ha explicado que tanto el PSOE como el Gobierno consideran "suficiente" el articulado actual de la normativa y ha recordado que el Reglamento de Extranjería que deberá aportarle una mayor precisión será aprobado "próximamente" en el Consejo de Ministros.

"Se trata de un texto en el que se detallan los extremos de la protección concedida a las víctimas, que potencia la posibilidad y los medios de protección que asisten a las mujeres y amparan también a los hijos menores de edad", ha detallado.

Además, ha subrayado que la posición del Gobierno en la materia siempre se sustenta en una apuesta por mejorar el marco de protección de las víctimas, favoreciendo la denuncia y garantizando la seguridad jurídica.

No obstante, ha indicado que las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista al citado articulado de la norma respetan en "lo sustancial" la redacción vigente de la Ley Orgánica y se limitan a incorporar algunas correcciones que perfeccionan el texto original.

"Nuestro objetivo es que ninguna mujer maltratada deje de denunciar por temor a las consecuencias administrativas y no podemos dejar que se deje de denunciar. Por ello, le emplazo a trabajar conjuntamente en esta dirección y como en tantas ocasiones contaremos con su apoyo", ha señalado.

Los grupos parlamentarios presentaron a principios de abril un paquete de enmiendas a una proposición de ley impulsada por el PP para modificar la Ley de Extranjería, norma reformada por el Gobierno en el año 2009 y vigente desde el 1 de enero de 2010, que en la actualidad se encuentra pendiente de desarrollo pese a que fue promulgada con la previsión expresa de dotarla de un reglamento antes de pasados seis meses.

Sobre este asunto, el titular de Inmigración ha detallado que el Gobierno se encuentra a la espera del informe del Consejo de Estado, que analizó el proyecto en comisión durante la sesión del pasado 7 de abril. Es, según Gómez, "el único" órgano consultivo "que queda pendiente", por lo que una vez se pronuncie y se cumplimenten los requisitos legales, el Consejo de Ministros aprobará el Reglamento definitivo.

MAYOR ATENCIÓN A LAS INSTITUCIONES

Por su parte, el diputado nacionalista vasco le ha animado y pedido que sea más "sensible" con las mujeres que sufren estos "aberrantes" delitos, así como mayor atención, cuidado y receptividad a los requerimientos de determinadas instituciones prestigiosas como Amnistía Internacional, la Red Española contra la Trata de Personas y el Comité europeo para la eliminación de la discriminación racial.

Olabarría demanda al Ejecutivo que haga caso de sus recomendaciones que piden la eliminación de las discriminaciones que a su juicio, sufren las mujeres extranjeras víctimas de estas injusticias, porque, según ha descrito, la incoación de expedientes disciplinarios, que en caso de sobreseimiento, archivo de las diligencias o sentencia absolutoria del maltratador o de la mafia que realiza delitos de trata, puede provocar la expulsión de estas mujeres, es un elemento de disuasión de las denuncias.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

En línea con esta posición del PNV, el PSOE, ERC y CiU propusieron enmendar la ley para que se conceda el permiso de residencia a las inmigrantes víctimas de violencia de género, también en aquellos casos en los que se haya sobreseído provisionalmente la causa contra el maltratador al encontrarse éste en paradero desconocido o haber sido expulsado de España.

Desde el PSOE, solicitan, además, que el correspondiente expediente de expulsión por estancia irregular en España no sea incoado a la víctima cuando se presente ante la policía para denunciar, sino cuando llegue la resolución judicial sobre el acusado de violencia de género. De este modo, no habría que iniciar el procedimiento sancionador para acto seguido, suspender su ejecución en espera de la sentencia por malos tratos, como ocurre hoy en día.

En la actualidad, cuando una mujer acude a las fuerzas policiales a denunciar una situación de violencia de género y se encuentra en situación irregular se le incoa un expediente sancionador, que puede acabar en multa o en expulsión del territorio nacional. No obstante, este expediente, así como el que la víctima pudiera tener abierto previamente, queda suspendido hasta que se resuelve el procedimiento judicial por malos tratos.

Con la ley en vigor, la víctima accede a una autorización temporal de residencia durante el procedimiento si lo avala el Ministerio Fiscal y, una vez el maltratador es condenado o existe una resolución judicial que acredite su condición de víctima de violencia de género, accede a un permiso de residencia de larga duración.

En las propuestas de enmienda, los grupos quieren, además, que en los casos de sobreseimiento por ausencia del acusado la mujer pueda acceder también a la autorización, aunque no se haya producido la sentencia condenatoria necesaria que recoge la legislación actual.