Gestores administrativos denuncian la exclusión de profesionales en el nuevo registro de colaboradores de Extranjería

Archivo - Fachada de la Oficina de Extranjería de la calle de Silva, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España).
Archivo - Fachada de la Oficina de Extranjería de la calle de Silva, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 12:42

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha denunciado la exclusión de profesionales para realizar trámites de extranjería en el nuevo registro de colaboradores del Gobierno.

En este sentido, el Consejo ha presentado alegaciones al proyecto de Orden Ministerial por la que se crea el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, una nueva figura que permitirá a determinadas asociaciones y organizaciones sindicales tramitar procedimientos de extranjería en representación de los ciudadanos, sustituyendo la comparecencia personal ante la Administración.

La norma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece que estos trámites deberán realizarse de forma gratuita y limita el acceso al registro exclusivamente a asociaciones y sindicatos. En esta línea, gestores administrativos han explicado que deja fuera a profesionales jurídicos y administrativos que "llevan décadas realizando estas funciones con formación acreditada, responsabilidad profesional y control colegial".

El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha expuesto que "el Gobierno debería explicar con claridad qué modelo tiene en la cabeza". "Si los trámites deben hacerse gratis, ¿de qué van a vivir las asociaciones o sindicatos que los realicen? ¿Estamos hablando de subvenciones públicas, convenios futuros o financiación estructural? Porque nada de eso se explica", ha indicado.

Desde el Consejo han apuntado que el debate "no es ideológico ni corporativo, sino de diseño institucional". Así, han argumentado que los trámites administrativos "deben ser gratuitos para aquellos ciudadanos que quieran hacerlos por su cuenta". Si bien, ha añadido que para que sea "real", "los procedimientos deben ser sencillos, comprensibles y accesibles". "El problema no se resuelve creando intermediarios financiados, sino simplificando el propio trámite", ha destacado Santiago.

Igualmente, el presidente de los gestores administrativos ha advertido de que "una Administración moderna debe garantizar la libertad de elección". De la misma manera, ha explicado que habrá ciudadanos que quieran hacerlo todo "por sí mismos" y que "deben poder hacerlo sin barreras". Mientras, ha agregado que habrá otros que, libremente, decidan pagar a un profesional para que les asesore o les represente. "Ambas opciones son legítimas. Lo que no es razonable es diseñar procedimientos tan complejos que obliguen a buscar intermediarios", ha apuntado.

Por otro lado, el proyecto de Orden afirma en su Memoria de Impacto Normativo que no tiene efectos sobre la competencia ni impacto económico. Sin embargo, el Consejo General ha asegurado que "cuando se crea un canal específico y privilegiado de intermediación administrativa y se excluye a profesionales ya habilitados, hay impacto en competencia, aunque no se quiera ver".

Además, los gestores administrativos han alertado del riesgo de duplicar costes públicos. "¿Vamos hacia un modelo en el que el Estado paga a los funcionarios que resuelven los expedientes y, al mismo tiempo, a asociaciones o sindicatos que tramitan gratuitamente en nombre de los ciudadanos? ¿Vamos a financiar dos veces el mismo procedimiento? Esa es una cuestión legítima que merece una respuesta", ha preguntado el presidente.

El Consejo también se pregunta "¿qué será lo siguiente?" tras los agentes de igualdad y ahora los trámites de extranjería. "¿Un sistema generalizado de subvenciones a asociaciones para gestionar trámites administrativos? ¿Es este un modelo sostenible a medio y largo plazo?", ha cuestionado.

Finalmente, ha recordado que "existen alternativas menos restrictivas y plenamente coherentes con el ordenamiento jurídico español y europeo". "La experiencia demuestra que cuando la Administración colabora con profesionales regulados, bajo criterios objetivos, con trazabilidad, responsabilidad y control, el sistema funciona", ha concluido Santiago.

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