Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela (d), durante una rueda de prensa posterior a la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la sede del Ministeri - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha asegurado que el texto definitivo del futuro Real Decreto de regularización de migrantes "garantizará el respeto a las obligaciones adoptadas a nivel europeo", después de la advertencia trasladada por Bruselas sobre la necesidad de que la iniciativa se ajuste al marco normativo comunitario.
En este sentido, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones han señalado a Europa Press que la norma se elaborará conforme a los principios de "humanidad, solidaridad y responsabilidad" que, según defienden, caracterizan la política migratoria de España.
En concreto, la Comisión Europea avisó este martes a España de que, aunque la regularización extraordinaria de migrantes es una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben también garantizar que su aplicación no tendrá "consecuencias negativas" en el resto de países de la Unión Europea.
En un debate en el Parlamento Europeo, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, advirtió de que un "permiso de residencia no es un cheque en blanco" para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y recalcó que existen "reglas claras" que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro "debe regresar al país en donde se otorgó el permiso".
La Secretaría de Estado de Migraciones se encuentra trabajando actualmente en la incorporación de las propuestas y observaciones recibidas en el trámite de audiencia públicas, con el objetivo de lograr un texto definitivo y continuar con su tramitación urgente.
Igualmente, las mismas fuentes han indicado que la tramitación por la vía de urgencia "ha obtenido todos los informes preceptivos necesarios, garantizando el pleno cumplimiento de las exigencias legales y jurídicas establecidas por la Ley".
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto de Real Decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
El texto, que no es definitivo, retoma el espíritu de la ILP, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.
REQUISITOS PRINCIPALES
Según ha anunciado el Ejecutivo, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.
El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.