El Gobierno niega "hacinamiento" en el centro de migrantes de Pozuelo (Madrid) y afirma que está al 17% de su capacidad

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha negado este miércoles que exista "hacinamiento" en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y afirma que su capacidad está en un 17%.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones después de que el Ayuntamiento de Pozuelo indicase este martes que existe un "riesgo cierto de hacinamiento" en el centro.

En este sentido, las mismas fuentes indican que la ocupación actual del CREADE se sitúa en un 17% de la capacidad y añaden que se trata de un centro de derivación, por lo que "tampoco tiene ese carácter de permanencia al que se refiere el consistorio".

Asimismo, explican que el centro fue abierto en marzo de 2022 para atender la llegada de ucranianos que huían de la invasión rusa, con 400 plazas iniciales y "sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses". En la actualidad, agregan que tiene una ocupación de 70 plazas, todas ellas correspondientes a familias con niños ucranianos con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo.

"El CREADE de Pozuelo ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías", subrayan desde Migraciones.

Además, exponen que, desde su creación, ha sido un "centro de referencia" para otros CREADE y "un modelo que ha sido reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocido prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)".

"En estos centros, en apenas unas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan", apuntan.

Igualmente, subrayan que la situación administrativa del centro no ha variado desde su apertura y que en la actualidad se está a la espera de que el Juzgado resuelva la solicitud de cautelares.

MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL CIERRE

El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado mes de noviembre un recurso contencioso-administrativo con la petición de medidas cautelares contra el cierre del CREADE de Pozuelo, ordenado en septiembre por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con un plazo de cuatro meses para realojar a las 400 personas que allí residían.

En sus alegaciones, el Consistorio de Pozuelo liderado por Paloma Tejero (PP) insiste en que el centro, un edificio cedido por Seguridad Social (Ministerio) a Migraciones en 2022, incumple "no solo la normativa municipal, sino también la estatal".

Desde el Ayuntamiento han insistido en que el centro solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y "no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo", tal y como traslada el Ministerio en la documentación que aporta al juzgado.

Esta situación, ha recalcado, representa un "riesgo cierto de hacinamiento", según denuncia el Ayuntamiento en su escrito al juzgado. Además, ha añadido, la única licencia con la que cuenta este edificio desde 2013 contemplaba la necesidad de una nueva licencia de funcionamiento en caso de modificar su actividad.

El Ayuntamiento dio de plazo al Ministerio cuatro meses para realojar a las personas que residían en el mismo, que venció el pasado sábado. Durante este tiempo, ha denunciado el Consistorio, el departamento que dirige Elma Saiz "no ha hecho nada por regularizar esa situación en la vía administrativa, sino que se ha limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre".