ONG ante la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo: "Su valor real dependerá de cómo se implemente"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

España afronta este viernes 12 de junio la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo con diversas opiniones entre organizaciones especializadas en refugio y acogida. Mientras Accem considera que el sistema español está preparado para aplicar el nuevo marco europeo, CEAR denuncia la falta de información sobre las medidas concretas que adoptará el Gobierno y ACNUR insiste en que "su valor real dependerá de cómo se implemente".

En este sentido, el abogado de Accem, Francisco José Rojo, señala en declaraciones a Europa Press, que desde la ONG consideran que España está preparada para aplicar el pacto desde este viernes. "Nosotros creemos que sí, porque entendemos que los reglamentos del pacto, aunque son reglamentos, dejan margen a los Estados para realizar la aplicación", apunta.

Asimismo, explica que, en la actualidad, "muchas de las cuestiones que recoge, sobre todo las más favorables, ya se estaban aplicando en el sistema español y las que son más restrictivas, en muchos casos se dejan a una posible aplicación por los Estados, no son de aplicación obligatoria".

En cuanto al plan de implementación del pacto que España remitió a la Comisión Europea, Rojo indica que requería reformas legislativas pero que estas no se han producido. Si bien, ha subrayado que "el sistema manteniéndose como está sí que cumpliría con el contenido del pacto".

"Para hacer alguna de las reformas en el sentido de que se restringieran cuestiones que quieran más favorables sí que habría que cambiar la ley de asilo y no tenemos constancia de este trabajo. No ha habido ninguna consulta pública ni ha habido trabajos de consulta ni nada hasta ahora", argumenta.

Precisamente, la principal inquietud de la entidad es que España pueda decidir aplicar aquellas disposiciones que consideran más "gravosas para los solicitantes de protección internacional, especialmente las relacionadas con la privación de libertad.

Rojo recuerda que la normativa europea permite, como último recurso, la detención de solicitantes de asilo durante determinados procedimientos. Sin embargo, defiende que esta medida debe emplearse únicamente en circunstancias excepcionales. "Entendemos que la situación de detención debe ser la última instancia", afirma.

Por su parte, la portavoz de ACNUR Paula Barrachina señala que la entidad recibe positivamente la aprobación del pacto al considerar que supone un compromiso colectivo de la Unión Europea en materia migratoria y de asilo. No obstante, advierte de que "es técnicamente complejo" y que su aplicación "requiere un enfoque cuidadoso, riguroso y centrado en los derechos humanos y los principios de protección internacional".

"Ahora bien, su valor real dependerá de cómo se implemente, y esa implementación debe estar siempre anclada en un enfoque de protección basado en la Convención de Ginebra de 1951", recalca.

La organización destaca entre los aspectos "positivos" la identificación temprana de personas con necesidades de protección internacional, la atención específica a colectivos vulnerables como menores no acompañados, mujeres en riesgo o supervivientes de tortura, así como el refuerzo del principio del interés superior del menor y los mecanismos de solidaridad entre Estados miembros. "Son avances que debemos reconocer", subraya.

En todo caso, alerta de que algunos procedimientos fronterizos podrían derivar, dependiendo de cómo se apliquen, en retornos de personas con necesidades legítimas de protección sin una evaluación "adecuada" de sus casos. "El respeto del principio de no devolución, establecido en la Convención de Ginebra de 1951, es clave: es un principio de derecho universal que debe garantizarse en cada fase del proceso, en cada frontera, para cada persona", agrega.

Para evitarlo, Barrachina reclama garantizar la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, servicios de interpretación de calidad y una formación adecuada para todos los profesionales implicados en la tramitación de solicitudes de asilo. "Cada eslabón de esa cadena importa, porque de cada uno de ellos puede depender la vida de una persona", concluye.

INCERTIDUMBRE Y MUCHAS DUDAS

Mientras, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, asegura que las entidades sociales siguen sin conocer con detalle cómo se aplicará el nuevo marco normativo en España. "No ha habido una traslación de cuáles son las medidas concretas que se van a adoptar. Hay mucha incertidumbre y muchas dudas", señala, al mismo tiempo que CEAR ha participado en numerosas reuniones sin recibir información precisa.

Aunque reconoce que la Administración les ha trasladado que, en una primera fase, la implementación será "muy continuista" y no implicará grandes cambios en infraestructuras o recursos, Valiente advierte de que persisten incógnitas.

Del mismo modo, confirma además que el Gobierno ha comunicado a la organización su intención de aprobar una nueva Ley de Asilo y que ya existiría un borrador en elaboración. Sin embargo, recuerda que su tramitación parlamentaria podría prolongarse durante meses, por lo que llegaría después de la entrada en vigor del pacto.

A juicio de CEAR, esta situación puede generar "inseguridad jurídica". "El Pacto Europeo está compuesto por una serie de reglamentos que son de aplicación directa. Por lo tanto, puede haber situaciones de colisión, de confusión, entre una norma y otra. Sobre todo cuando estos reglamentos lo que están planteando son opciones que tienen que decidir los Estados.

RETOS PRIORITARIOS

Asimismo, identifica tres retos prioritarios: garantizar una información adecuada a los migrantes sobre sus derechos y procedimientos, cumplir los nuevos plazos de registro y formalización de solicitudes de asilo --establecidos entre 5 y 18 días-- e identificar correctamente las situaciones de vulnerabilidad desde el primer contacto con las personas llegadas.

Valiente admite que cumplir esos plazos supondría un cambio "muy radical" respecto a las demoras actuales y afirma que lo considera "muy difícil", aunque recuerda que se trata de una obligación legal.

El acuerdo político sobre el nuevo pacto migratorio europeo se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El pacto está integrado por nueve reglamentos y una directiva que abordan la gestión migratoria, desde los procedimientos fronterizos hasta el retorno, la protección internacional y la resolución de crisis en los ámbitos de la migración y el asilo.

Entre sus novedades, introduce por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de los nacionales de terceros países con el objetivo de reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades.