MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
Cáritas y Oxfam Intermón han propuesto ante los diputados de las diferentes formaciones políticas, en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, la "regularización extraordinaria" de los migrantes en situación irregular, y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) ha defendido que los inmigrantes no vienen a España "por una prestación" sino porque "les matan" en sus países, en referencia al comentario del portavoz y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, que ha dicho que el ingreso mínimo vital va a provocar un "efecto llamada a gritos" a la inmigración ilegal.
Así lo han indicado los representantes de las tres organizaciones este lunes 1 de junio durante su intervención en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción que se ha puesto en marcha en el Congreso de los Diputados ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha pedido "abordar una regularización extraordinaria para incorporar a los migrantes en situación irregular a la sociedad española" porque "viven en ella, trabajan y aportan", algo en lo que ha coincidido la responsable de contenido e incidencia de Oxfam Intermón, Lara Contreras, quien ha reivindicado que el ingreso mínimo vital incluya también a los solicitantes de asilo y a los migrantes en situación irregular con hijos a cargo, como un primer paso.
Además, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Carlos Susías, ha pedido a los diputados que "hagan algo". "No puede ser que la decisión sea no hacer nada, tenemos un montón de personas en situación irregular, ni las podemos expulsar ni se pueden poner a trabajar", ha concretado.
También ha mostrado su indignación por comentarios sobre el "efecto llamada" a la inmigración irregular, una idea en la que ha incidido este lunes Vox. Para desmontar esta tesis, Susías ha comparado el ingreso mínimo de Andalucía, donde "de cada 100 personas a las que les haría falta el ingreso mínimo, solo le llega a 3,6" y el País Vasco donde "le llega al 98,8%". Además, ha apuntado que, mientras en la primera comunidad, la persona recibe 110 euros, en el País Vasco son 310.
"Si fuese verdad que los inmigrantes vienen por la prestación estarían todas las personas pobres viviendo en el País Vasco. La gente no se moviliza por esto, la gente sale de sus países porque hay guerra, porque les matan, porque se mueren. Si no, no salen", ha exclamado.
Otro de los asuntos en los que han incidido los ponentes ha sido la situación de infravivienda y de chabolismo en que viven muchas personas y que se ha puesto de manifiesto por la pandemia del COVID-19.
Desde Cáritas, Natalia Peiro ha señalado que "urge la anunciada ley estatal de garantía de acceso a la vivienda" que incluya todas las situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo; y ha pedido que se prorrogue, al menos hasta final de año, la medida extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos para personas vulnerables sin alojamiento alternativo.
"ESCLAVITUD" DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR
Los responsables de estas organizaciones también han advertido de la situación de casi "esclavitud" de algunas empleadas del hogar, muchas de ellas migrantes en situación irregular, que duermen en las casas donde trabajan. "Muchas no tienen periodos descanso, están exclusivamente dedicadas a lo que les piden sus empleadores, y están desprotegidas frente a la violencia sexual", ha advertido desde Oxfam Lara Contreras.
Las tres organizaciones han advertido de los datos de pobreza en España. Según ha recordado Carlos Susías, en España 12,3 millones personas (el 26,1% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Por parte del PSOE, la diputada María Luisa Carcedo ha indicado la necesidad de afrontar el problema de la pobreza con una visión "holística" y ha destacado que la pandemia ha puesto de manifiesto la "incidencia" y las "necesidades" de determinados hogares y colectivos. "La pobreza no se contagia, al contrario que el COVID-19, pero sí se hereda, no por genética sino por razón social", ha indicado.
La diputada del PP Rosa Romero se ha mostrado de acuerdo con el ingreso mínimo, ha pedido que esté vinculado a políticas activas de empleo y ha advertido del "riesgo de duplicidades o desigualdades" entre territorios, reclamando que todas las CCAA puedan gestionar esta prestación. Sobre la subida de impuestos, ha avisado del "riesgo" de hablar de esto ahora cuando "muchas pymes y autónomos están demandando moratorias".
Por parte de Vox, el diputado Pablo Sáez ha apostado por "reasignar el gasto público donde se necesita", evitar "duplicidades" y ha pedido "cuidar" a las pequeñas y medianas empresas para "mantener el empleo".
LA "VERGÜENZA" DE "LAS COLAS DEL HAMBRE"
La diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra ha agradecido la labor de las ONG y ha lamentado la "vergüenza" de "las colas del hambre" que se han visto en España con "situaciones terribles de precariedad" y de "desigualdad". A su juicio, ha habido una "década de estafa", de "recortes en servicios sociales" y de "reformas laborales que han precarizado el trabajo hasta el extremo" y ha apostado también por una fiscalidad "más justa y progresiva".
Por parte de Esquerra Republicana, la diputada María Carvalho ha trasladado la reivindicación de las 1.100 ONG que apoyan la campaña #RegularizaciónYa, que reclama la regularización de migrantes en situación irregular ante la pandemia del coronavirus. Asimismo, ha criticado que el ingreso mínimo vital haya dejado fuera a las familias de migrantes en esta situación. "¿Qué coherencia puede haber con el lema de no dejar a nadie atrás?", ha preguntado.
Por su parte, el diputado de Junts per Catalunya, Sergi Miquel, también ha compartido las propuestas de las ONG y ha reivindicado la importancia de ampliar la prestación por hijo a cargo hasta 100 euros mensuales, "un instrumento fantástico para luchar contra la pobreza infantil".
Mientras, la diputada de Más País, Inés Sabanés, se ha preguntado por qué la situación de desigualdad en España es "estructural desde hace muchos años" y ha valorado como un "gran avance" el ingreso mínimo vital.
Por parte de Ciudadanos, la diputada Sara Giménez ha mostrado su preocupación por cómo el "exceso de burocracia" puede "dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad" y ha apostado por pensar en las personas que viven en chabolas o infraviviendas, sobre todo, ante posibles rebrotes, para poder actuar rápido.
Finalmente, la diputada de EH-Bildu se ha mostado "totalmente de acuerdo" con los tres ponentes y ha destacado la importancia de aprobar "una nueva ley laboral" para garantizar los derechos de los trabajadores y "dignificar" la situación de las empleadas del hogar.
