La Unión Progresista de Fiscales pide el fin de la retención del Open Arms porque "blanquea" las políticas contra DDHH

Publicado 16/01/2019 18:59:26CET
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   MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Unión Progresista de Fiscales ha pedido al Gobierno el cese de la retención del barco de rescate Open Arms en el puerto de Barcelona, evitando que acuda al Mediterráneo central a salvar vidas de migrantes a la deriva. Asimismo, le ha reclamado "una respuesta firme y valiente" y que lidere una respuesta europea coordinada y respetuosa con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

   "Impedir por estos medios que las ONG puedan realizar las tareas de auxilio humanitario y denuncia frente a las costas de Libia, blanquea y convalida las políticas atentatorias contra los derechos humanos, facilitándoles sus objetivos", ha avisado en un comunicado.

   Desde la UPF, han manifestado su "preocupación" ante la decisión de la Capitanía de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, en la que deniega el despacho del buque "hasta que no garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas" concernidas.

   "El despacho de un buque debe ser un acto administrativo, no político, y limitarse a comprobar que el buque cumple los requisitos necesarios para la navegación y la actividad que pretende realizar", han apuntado desde la Unión, que sostiene que esta denegación constituye "de facto una medida cautelar preventiva" impidiendo al buque navegar hasta aguas próximas a Libia.

   A juicio de la UPF, este bloqueo "pretende suplir la falta de política europea" supeditando la autorización de la salida del barco a la existencia de un acuerdo para el desembarco de los rescatados con las autoridades responsables de Italia, Malta y Libia. Se trata de una exigencia "de imposible materialización" porque dichos Estados no facilitan esos acuerdos y que además "no puede imponerse al buque solicitante pues escapa a su posibilidad de actuación", según ha argumentado la Unión.

   "Les impide la salida haciendo recaer sobre ellos la responsabilidad de actos ajenos. Aún mayor reproche merece el hecho de que las consecuencias de la denegación recaigan sobre cientos de personas en peligro, que son privadas así de una asistencia vital ante la falta de medios oficiales de salvamento y rescate en la zona", ha concluido la UPF.

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