El CSN estudia la denuncia que pide hasta 16 años de cárcel para mandos de Ascó I y que afecta a un inspector residente

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear está "estudiando" la denuncia presentada por la Fiscalía de Tarragona este viernes en el Juzgado de Gandesa contra el ex director de la central nuclear de Ascó I y tres mandos más por la presunta comisión de cuatro delitos diferentes, con penas que suman hasta 16 años de prisión, por la fuga radiactiva de 2007.

Según han confirmado fuentes del CSN a Europa Press sus servicios jurídicos están estudiando la documentación por lo que, de momento no se plantean hacer ninguna declaración hasta que no se haya analizado la denuncia "en profundidad".

Concretamente, la denuncia de la Fiscalía se dirige contra el entonces director de la planta nuclear Rafael Gasca --ya destituido--, además del jefe de servicio de protección radiológica Francesc González --que también fue destituido tras el incidente--, el jefe de explotación J.S.R. y el inspector residente A.G.R. Este último, el inspector residente, es personal del CSN.

En cualquier caso, el CSN ha subrayado su confianza en el inspector residente que, de hecho sigue realizando sus funciones Ascó, y ha asegurado que el organismo regulador "confía en su trabajo", de modo que sigue siendo el mismo que cuando se produjo la fuga de partículas.

"Respaldamos y tenemos plena confianza en la labor del inspector residente en Ascó", han insistido.

POR CUATRO POSIBLES DELITOS

El escrito de la Fiscalía achaca al director de la nuclear, el jefe del servicio de protección radiológica, el jefe de explotación de la central y el inspector residente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la posible comisión de un delito contra la seguridad colectiva por exposición de radiaciones ionizantes debida a una "imprudencia grave", además de un delito contra el medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un cuarto por falsedad documental.

La denuncia se centra en los hechos que ocurrieron en noviembre de 2007, cuando la central de Ascó I emitió al exterior partículas radiactivas de la que no informó hasta abril del año siguiente, y que ya ocasionó en 2009 la imposición de una multa de 15,39 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, la más alta de la historia nuclear española.

La Fiscalía señala en su escrito que la decisión es fruto de una "larga y laboriosa tarea de investigación", y evidencia que la fuga de las partículas no se debió a ningún tipo de fallo en los mecanismos, sino a "inaceptables negligencias" cometidas por los máximos responsables de la central.

Además, estima que existieron una serie de imprudencias y omisiones que ocasionaron que las partículas se expandieran sin control, en algunos casos por la acción de seres humanos que ignoraban la existencia de la partícula portada.

Sobre ello, el servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó, e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que "no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes a la central" una vez conocida la fuga y dispersión de partículas.