También se reducen un 15% las ayudas para pagar residencias tras la suspensión de nuevas altas
BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los beneficiarios catalanes de la ley de la dependencia se han reducido un 4% en el primer trimestre del año, al pasar de 156.333 en diciembre de 2013 a 150.342 a finales de marzo de este año, una caída que también se ha registrado en las prestaciones, que han pasado de 115.656 a 109.779 en el mismo periodo, un 5% menos.
Lo ha explicado este martes en comisión parlamentaria la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que ha achacado esta reducción a "los constantes recortes e incumplimientos del Estado", que ha excluido de la entrada en el sistema de cobro y servicios a las personas con menor grado de dependencia.
También se han reducido las ayudas a cuidadores familiares de dependientes, que han pasado de 109.600 a 100.015 en tres meses, un 9,5% menos: "El Estado está perjudicando mucho a esta figura tan importante con sus sucesivos recortes", ha dicho Munté.
El mayor descenso se ha registrado en las prestaciones vinculadas al servicio (PEV), creadas para ayudar a los dependientes que esperan una plaza pública a pagar una residencia privada y cuyas nuevas altas fueron suspendidas por el Govern en septiembre del año pasado por tensiones de tesorería.
Se ha pasado de 11.400 usuarios dependientes con una PEV a finales de 2013 a 9.719 actualmente, una reducción de cerca del 15% que Munté ha lamentado, aunque ha reiterado su intención de volver a permitir la incorporación de nuevos usuarios al cobro de estas prestaciones, sin concretar cuando.
Todos los grupos parlamentarios han criticado la suspensión de las PEV, y han destacado que un informe de la patronal Acra destaca la "ilegalidad" que supone dejar de sufragar un derecho reconocido por ley de forma unilateral y sin acordarlo con el sector.
PLAZAS CONCERTADAS
Munté también ha anunciado que el Govern prepara un plan para la concertación progresiva de plazas de servicios para discapacitados con el objetivo de alcanzar el 100% en tres años, lo que supone el fin del régimen de colaboración y "supone un importante paso en la mejora de la financiación de las entidades y centros".
En este sentido, ha recordado que en 2013 había 595 plazas para discapacitados concertadas, a las que en enero de este año se han sumado 322 más: "La previsión es alcanzar las mil plazas concertadas antes de que acabe el año".
En el sector de las residencias de ancianos, el objetivo del Govern es que el 51% de las plazas que actualmente están en régimen de colaboración pasen a ser concertadas antes de 2015, ha concretado la consellera.
LEY CATALANA
También ha recordado que el Ejecutivo catalán trabaja en una ley de autonomía personal propia para Cataluña para hacer frente a los "constantes incumplimientos del Estado" en la financiación de la ley de la dependencia estatal, teniendo en cuenta que el Gobierno español debería sufragar el 50% del coste pero solo abona el 20%.
"Estamos haciendo un sobreesfuerzo insostenible", ha advertido Munté, que ha destacado que el 76% del presupuesto de la Consejería que ella lidera se destina a pagar la ley de la dependencia.
