GANDIA (VALENCIA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Salud Laboral de CCOO en las comarcas valencianas de La Ribera-La Safor, Ciprià Blay, solicitó este viernes que los empresarios de la panificadora de Real de Gandia en la que un trabajador de nacionalidad boliviana perdió un brazo y que fue abandonado por sus jefes antes de llegar al hospital, según la denunció de la víctima, "no se vayan de rositas" y que sean condenados con algo más que una multa.
En este sentido, Blay señaló a Europa Press que no cree que "una simple multa sea suficiente" y que "debería haber algo más", si bien añadió que esto lo deberá determinar la justicia. Así, solicitó que "la justicia actúe y que esto no se quede en una multa", ya que, además de la cuestión laboral --el hombre no estaba dado de alta en la Seguridad Social--, "ha habido una omisión del deber de socorro que está tipificada en el Código Penal".
El representante sindical, que puso en duda la "condición humana" de los empresarios tras su actuación, mostró su esperanza de que los jefes del trabajador que perdió el brazo "no se vayan de rositas" y que no se escuden diciendo cosas "como que el hombre iba borracho".
Blay recordó que su sindicato ha interpuesto una denuncia ante Inspección de Trabajo y otra en Fiscalía y que el próximo día 17 se reunirán con el abogado para "iniciar el proceso penal". Comentó que CCOO ha actuado de este modo porque es un sindicato y aunque la víctima no era afiliado, entienden que "en el siglo XXI no puede haber gente sin contrato, sin ninguna protección" y trabajando en lugares en los que incluso "parece ser que se desconectaron los sistemas de seguridad para producir más". "Eso no se puede consentir", agregó.
Según explicó, Frans Riller es un chico boliviano de 33 años que "trabajaba 12 horas por 23 euros", y que estaba "sin contrato, sin derechos, sin descanso, sin vacaciones". El secretario de Salud Laboral indicó que en la panificadora donde se produjo el accidente había "más gente" en situación irregular, si bien comentó que estas personas "desaparecen" por temor. Indicó, asimismo, que el local fue clausurado pero que inicialmente siguió abierto después del siniestro. Por ello, notificaron esta actividad a la Guardia Civil y ésta a Inspección de Trabajo y ahora "está cerrado por orden judicial".
Según informó el TSJCV, los dos empresarios declararán en calidad de imputados ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Gandia, que ha abierto diligencias previas para investigar las circunstancias del suceso. El Gobierno, por su parte, anunció hoy la regularización del inmigrante por "razones extraordinarias".
