MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido cambios en la educación y la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad durante la presentación del Informe Alternativo España 2010 para el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Así, la delegada del Cermi para la Convención, Ana Sastre, ha subrayado que la Ley de educación está de acuerdo con la inclusión y, sin embargo, los niños que requieren "apoyos especiales" son obligados a acudir a determinados centros. "El 11 por ciento de la población con discapacidad no ha completado sus estudios primarios frente al 2,1 por ciento de la población en general, y sólo un 10 por ciento tiene estudios universitarios", ha añadido.
Igualmente, el estudio que, según el Cermi, persigue completar la información que el Gobierno no ha presentado a la Convención Internacional sobre Derechos Humanos y Discapacidad, destaca que las medidas "más urgentes" son las vinculadas a un modelo de atención basado en los derechos sociales y el tratamiento sanitario como "pilares exclusivos" de las políticas de discapacidad con los derechos humanos como "eje transversal".
Por otro lado, propone que se revise el ordenamiento jurídico por el sistema de incapacitación judicial, la esterilización forzosa y los internamientos involuntarios por razón de discapacidad. En ese sentido, la directora del Cermi, Pilar Villarino, ha señalado que el 60 por ciento de las personas con discapacidad son mujeres y ha apuntado que son "las excluidas, vulnerables por excelencia y olvidadas por la sociedad" respecto a los hombres en esta misma situación.
Del mismo modo, Sastre ha explicado que las políticas activas no están llegando por igual a los hombres que a las mujeres. Además, ha señalado que son los datos los que reflejan que las mujeres están en "peor situación", ya que "el 74 por ciento de las mujeres con discapacidad o carece de estudios o sólo son primarios y el analfabetismo afecta al 6,74 por ciento de ellas, frente al 3, 66 por ciento de los hombres". Según Sastre, también en el empleo "presentan mayor índice de desempleo". Así, ha recordado que "aún falta mucho para respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad".
En esa línea, ha apuntado que del estudio se deduce que a pesar del "compromiso" del Gobierno "son muchos todavía los desajustes entre los valores, principios y mandatos de la Convención y la realidad normativa y las prácticas de los poderes públicos en cuanto al respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad". Por ello, ha apuntado que "los recortes económicos no pueden afectar a la consecución del respeto por los derechos humanos".
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Asimismo, el Cermi ha reclamado que "las iniciativas y políticas públicas de atención a las personas con discapacidad deben asegurar una vida autónoma, evitando su separación y aislamiento de la comunidad". En ese sentido, resalta que "después de los más de tres años de desarrollo de la Ley para la promoción de la Autonomía Personal y la Atención a situaciones de Dependencia, los datos oficiales evidencian un escaso desarrollo de los servicios y prestaciones de la autonomía personal y una clara tendencia de las administraciones a institucionalizar en residencias a las personas con discapacidad".
Igualmente, el informe denuncia que el sistema previsto por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) "restringe algunas prestaciones de suma importancia para la autonomía, el apoyo al estudio o al trabajo y excluye que puedan apoyar el acceso al ocio o a la cultura".
Concretamente, el director jurídico del Cermi, Oscar Moral, ha señalado casos en los que se ha negado el acceso al ocio a personas con discapacidad. Así, ha resaltado el de un parque de atracciones en el que, además, se especifica en un cartel que no pueden acceder personas con discapacidad. También, ha criticado las barreras que existen para acceder a la vivienda debido a "problemas de movilidad".
Finalmente, ha subrayado las "diferencias que se dan entre comunidades autónomas en el trato a estas personas". Además, ha apuntado que en muchas CCAA no existe el servicio de asistencia personal, algo que a su juicio, "excluye directamente a un porcentaje altísimo de personas con discapacidad".
