Colectivos sociales piden a la ONU que ampare a los 23 extranjeros del 'Marine I' que siguen en Mauritania

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Diversos colectivos de defensa de los derechos humanos remitieron hoy una queja formal a la ONU pidiendo que ampare a los 23 extranjeros del 'Marine I' que continúan en Mauritania, más de 90 días después de desembarcar en Nouadhibou. El portavoz de estos colectivos, Jesús Hidalgo, explicó frente al Congreso de los Diputados que también tienen previsto remitir denuncias al Comité contra la Tortura y al de los Derechos Humanos de la ONU.

Por el momento, han utilizado la vía del procedimiento 1.503, a través de la cual cualquier ciudadano puede remitir una queja a Naciones Unidas. Entre las organizaciones que suscriben esta acción están: Asambleas Populares de Personas precarizadas, excluidas, sin techo y sin derecho; Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna en Madrid; Asociación Cultural Página Roja; Asociación Interculturas de Málaga; Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España; Colectivo Cultural 'Los Nadies'; y el Colectivo Queda la Palabra.

Asimismo, apoyan la queja la Federación de Asociaciones Panafricanas; Fundación Madrid en Positivo; Fundación Vida y Grupo Ecológico Verde (Colombianos en España); Los Verdes (Partido Político), Paz Ahora; Plataforma Estatal por la Justicia y los Derechos de los Migrantes y Precarios; Plataforma Pro Derechos Humanos de Jaén; Sindicato Obrero Inmigrante.

"Queremos que la ONU ampare a estas 23 personas que siguen en Nouadhibou (Mauritania) detenidas ilegalmente por el Gobierno español y que han sido torturadas física y psicológicamente", recalcó Hidalgo.

Así, el escrito afirma que siete artículos de la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido violados al "negar ayuda a estas personas en un primer momento y privarles, posteriormente de libertad sin garantizar su seguridad".

Igualmente, denuncia su encierro en un "hangar" durante más de 90 días, bajo "trato y condiciones degradantes"; su detención y privación de libertad sin haber cometido delito alguno; no haber sido oídos por un tribunal; no haber podido circular libremente en busca de un lugar de residencia; y no haberle sido concedido el derecho de asilo.

También asegura que se ha violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de ser sometido a tratos inhumanos, crueles y degradantes. Junta a este tratado, añaden la vulneración de la Convención de la ONU contra la Tortura, la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo y la Resolución MSC.167 del Comité de Seguridad Marítima.

"Es necesario aclarar que, si bien la mayor parte de violaciones apuntadas hasta aquí han sido cometidas por autoridades y funcionarios de España, también han intervenido en las gestiones países como Senegal, Mauritania, Guinea Conakry o Cabo Verde, así como delegaciones de India y Pakistán, habiendo tenido lugar los incidentes en aguas internacionales", añade la queja.

CASOS SIMILARES.

Además, recalca que las patrulleras españolas para el control y vigilancia de sus fronteras trabajan formando parte de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), y recuerda que este criterio ha sido aplicado en casos similares como el del pesquero español 'Francisco y Catalina' en el rescate el pasado año de 51 inmigrantes en aguas de Malta, y el del barco norcoreano 'Happy Day', en marzo de este año, en el que viajaban 300 inmigrantes que finalmente fueron desembarcados en Guinea Conakry.

"Es obvia la imposibilidad de esperar resolución justa a los hechos desde un Tribunal perteneciente a un único país, toda vez que se han visto implicados en los hechos diversos países de varios continentes, en territorios y aguas pertenecientes a diferentes países", concluye la queja.