MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tendrá que aprobar antes del 1 de diciembre de este año un sistema en el impuesto de matriculación de vehículos que contemple unos tipos de gravamen en función de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro recorrido, según recoge una enmienda aprobada hoy en el Congreso a la ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, en la que el PP se ha abstenido.
Así, los "vehículos menos emisores" tendrán un gravamen de "cero", mientras que "los vehículos más emisores" serán gravados con tipos "superiores al tipo más alto vigente el 30 de junio de 2007", según el texto legislativo aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y remitido al Senado.
"En la actualidad el tipo más bajo es del 7 por ciento, por lo que en un vehículo híbrido el ahorro sería de hasta 1.800 euros", indicó el secretario general para la Prevención del Cambio Climático y la Contaminación, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien añadió que el tipo más alto es del 12 por ciento.
Además, los diputados acordaron que las motos acuáticas y los 'quads' tengan "el tipo más alto de los considerados", ya que hasta ahora no era obligatorio que se matricularan. En el texto pactado no se establecen cuantía de gravámenes ni se definen cuáles son los vehículos menos emisores y más emisores, aunque el secretario de Cambio Climático se refirió a vehículos de menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, y a vehículos de 200 gramos/km.
El Consejo de Ministros monográfico sobre cambio climático que tendrá lugar el próximo mes deberá definir cómo se establecen los gravámenes, si bien es por tramos de emisiones de CO2 (no por cilindrada), o bien por un tipo lineal a partir de un mínimo exento.
Gonzalo Aizpiri explicó en declaraciones en los pasillos del Congreso que con estas iniciativas "se anula la fiscalidad diferenciada de diésel y gasolina, ya que ésta es por cilindrada, para pasar a ser una fiscalidad por emisiones de CO2". El Gobierno confía en que aumenten las ventas de vehículos poco contaminantes.
En 2004 se matricularon 110.000 vehículos menos contaminantes, es decir, con menos de 120 gramos de CO2 por kilómetros, frente a 158.000 matriculados que emiten más de 200 gramos por kilómetro. Ese año se matricularon en España 1,5 millones de vehículos, comentó Gonzalo Aizpiri. "Se trata de un impuesto ambiental y social y de esta forma los coches más pequeños tendrán un precio, mientras que los de alta gama verán incrementado su precio", añadió Gonzalo Aizpiri.
ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TURISMOS.
Otra de las novedades incorporadas a la legislación es que el Gobierno deberá incluir la obligatoriedad de la etiqueta informativa de eficiencia energética sobre el consumo de combustible y emisiones de CO2 de los turismos nuevos, que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero.
Asimismo, el Gobierno elaborará una Ley de Movilidad Sostenible, según recoge el texto remitido a la Cámara Alta, que incluirá la obligación de planes de transporte de empresa que "reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus trabajadores, fomenten otros modos de transporte menos contaminantes y contribuyan a reducir el número y el impacto de estos desplazamientos".
El objetivo de la futura Ley es sustituir la vigente Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, de 1972, que ha quedado desfasada por la Constitución y por las normativas comunitarias e internacionales, a fin de disponer de una legislación básica que suponga un avance en la reducción de la contaminación y que sea acorde con las circunstancias y exigencias actuales. Según un reciente estudio de la Comisión Europea, la contaminación atmosférica causa en Europa 350.000 muertes prematuras al año, de las que 16.000 corresponden a nuestro país.
LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, el cual busca tanto reparar los daños causados al medio ambiente como evitar que se produzcan. El texto fue remitido al Senado para su tramitación.
La futura ley tendrá por objeto hacer efectivo el principio de 'quien contamina repara', que trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable.
