BRUSELAS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de la Unión Europea, Nikiforos Diamandouros, ha abierto una investigación para determinar si Frontex, la agencia europea encargada de coordinar la seguridad en las fronteras externas de la UE, respeta las normas sobre protección de los Derechos Humanos y ha pedido a la agencia que remita la información solicitada y sus alegaciones antes del 31 de mayo.
Los Veintisiete aprobaron el año pasado nuevas normas que refuerzan la estrategia de protección de los Derechos Humanos en el marco de las actividades de la agencia y un código de conducta en este sentido para guiar sus actividades y operaciones, que incluyó la creación de un responsable de Derechos Humanos.
Las nuevas normas fueron aprobadas por los Veintisiete y el Parlamento Europeo en octubre de 2011 para garantizar el pleno cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Humanos, que introduce obligaciones específicas para proteger los Derechos Humanos. La Carta es legalmente vinculante para los Estados miembros tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009.
El Defensor del Pueblo de la UE ha decidido abrir una investigación sobre la aplicación de las nuevas normas por parte de Frontex tras recibir varias quejas de organizaciones civiles, que han puesto en duda que la agencia esté haciendo lo suficiente para cumplir la Carta.
Esas organizaciones criticaron la actuación de Frontex cuando desplegó a agentes de fronteras en Grecia para contribuir a gestionar la llegada de miles de inmigrantes desde Turquía, además de las condiciones de su internamiento en centros de acogida temporal, tal y como ha denunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A raíz de esas quejas, el Defensor del Pueblo de la UE ha remitido a Frontex una batería de preguntas para conocer cómo está aplicando las nuevas disposiciones en materia de Derechos Humanos y determinar si ha cumplido con su obligación de elaborar una estrategia específica para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en sus operaciones y de crear un mecanismo "eficaz" para supervisar dicho cumplimiento.
También reclama información sobre el funcionario de la agencia responsable de los Derechos Humanos y sobre las medidas que prevé Frontex en caso de que detecte violaciones de los Derechos Humanos.
