MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno lleva un año de retraso en la elaboración y aprobación de un reglamento específico para ordenar el funcionamiento de los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en España, norma que según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 2009, debió estar lista antes de junio del año pasado.
La disposición final sexta de la ley daba al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar un Reglamento, margen que el Ministerio de Trabajo e Inmigración alargó ocho meses más, de modo que hasta el pasado 30 de abril no estuvo la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, este Reglamento no era el único que la ley imponía crear. La disposición adicional tercera de la Ley dispuso que el Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobaría una reglamentación "que desarrollara el régimen de internamiento de los extranjeros" para establecer, entre otras cuestiones, las condiciones en que se debe prestar atención social y sanitaria dentro de las instalaciones.
En la actualidad, el funcionamiento de los centros está regido por una Orden Ministerial de hace doce años, firmada por quien fuera en 1999 ministro del Interior, Francisco Álvarez Cascos, y basada en una ley de extranjería de 1985 que ha sufrido severas modificaciones desde entonces.
Tanto la actual Ley de Extranjería como su Reglamento, que entrará en vigor el 30 de junio, prevén que los centros "dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación suficiente" y contemplan que "las condiciones para la prestación de estos servicios se desarrollarán reglamentariamente".
Además, disponen que "las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento", asunto que también debe desarrollarse con un reglamento que aún no se ha publicado.
No obstante, el pasado 13 de enero el juez Ramiro García de Dios, en funciones de Control Jurisdiccional del CIE de Madrid, dictó sentencia en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital sobre este asunto, para que el director de la instalación habilitase un horario de mañana y de tarde para que los representantes de las ONG, fueran o no abogados, pudieran entrar en estos recintos.
Con todo, una veintena de plataformas y organizaciones sociales entre las que se encuentran el Servicio Jesuíta a Migrantes y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncian el "oscurantismo" con el que, aseguran, el Gobierno está elaborando el reglamento. "Margina a la sociedad civil en el tratamiento de uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria: la privación de libertad", explican.
Estas entidades, unidas en un manifiesto para 'que el Derecho no se detenga a la puerta de los CIE' afirman que "son meses esperando conocer el borrador de este reglamento sin que haya sido posible saber sus líneas básicas ni mucho menos poder intervenir mínimamente", en una "ausencia de diálogo" que, según denuncian, "sólo puede presagiar la imposición de una orden restrictiva".
"La sociedad civil no puede ser excluida del proceso de elaboración del Reglamento que regulará el funcionamiento de estos espacios donde miles de personas permanecen detenidas por no tener su situación administrativa regularizada (...) El pronunciamiento de las entidades sociales puede favorecer que Interior apruebe un reglamento que garantice y desarrolle los derechos básicos de las personas encerradas en los CIE", aseguran.
DIEZ CENTROS, SIN DATOS
En España existen diez centros de internamiento en los que los extranjeros pendientes de ser expulsados del territorio nacional pueden pasar hasta un máximo de 60 días. Están localizados en Cataluña (Barcelona), Andalucía (Algeciras, Tarifa y Málaga), Madrid (Aluche), Murcia, Canarias (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) y la Comunidad Valenciana (Valencia).
Aunque la población oscila casi cada día, los datos recogidos por Europa Press en las distintas provincias arrojan que más de 130 personas estarían retenidas actualmente sólo en Canarias y Valencia. El Ministerio del Interior no ha facilitado los datos globales de la población que está hoy día internada en el conjunto de los centros.
Durante los últimos años, distintas asociaciones, ONG de derechos humanos e instituciones como el Defensor del Pueblo han venido denunciando desde deficiencias estructurales hasta irregularidades en la gestión de los centros de internamiento y el trato a las personas allí retenidas.
En el caso del Defensor del Pueblo, el informe correspondiente al año 2010 constató que se habían llevado a cabo algunas de las mejoras sugeridas en fases anteriores, aunque se constataron aún deficiencias en instalaciones como las de Aluche, en Madrid, o Murcia.
Sobre Algeciras, la Alta Institución ha reiterado en sucesivos informes su petición de cierre por considerar que que las instalaciones son "absolutamente inadecuadas, con un más que deficitario estado de conservación y lamentable higiene".
