MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, Hetaria, ha acusado al Gobierno central de estar "más interesado en los 'golpes de efecto' para preparar las condiciones para la eliminación de los anuncios de contacto" que en defender los derechos de las mujeres que "trabajan en la prostitución de forma voluntaria", después de la "macroredada" llevada a cabo en Madrid el pasado 23 de julio.
En esta misma, fuentes policiales anunciaron que 350 mujeres fueron "liberadas", algo que el colectivo ha rechazado tras ponerse en contacto con mujeres que habían ejercido en los pisos en los que se efectuó la operación, pues "siempre se respetaba la elección de las mujeres tanto de los turnos de trabajo como de clientes y de servicios sexuales a realizar".
"Lo único criticable", según los testimonios recogidos por Hetaria, "eran las habitaciones que utilizaban para descansar", por lo que el colectivo ha instado a reconocer la prostitución "como una actividad económica legítima tal y como hizo el Tribunal de Luxemburgo de la UE en 2001", y a regular "las relaciones laborales cuando median terceros, como es el caso de estos pisos".
Con estas medidas, ha asegurado el colectivo, "las condiciones laborales serían mejores", ya que en caso contrario las trabajadoras del sexo que trabajan en clubes o pisos a cargo de terceros "seguirán sufriendo abusos por parte de los empresarios y unas condiciones que no contemplan totalmente los derechos laborales" de las mismas.
NINGÚN INTERÉS EN PROTEGER A LAS VÍCTIMAS
La puesta en marcha del Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, que según Hetaria "contempla acertadamente medidas de protección" para aquellas personas obligadas a ejercer la prostitución, parece estar "más centrada en la represión y persecución de las mafias que en la defensa de las víctimas", ha denunciado.
Desde el colectivo no se entiende que no se esté "procurando protección" a las mujeres "liberadas", además de denunciar el desconocimiento de su paradero: "No se encuentran bajo la tutela de ninguna ONG ni sabemos si se encuentran internadas en un CIE o bajo custodia policial".
Por ello, se plantea si el Gobierno condiciona la protección a la denuncia por parte de las prostitutas, de las cuales 34 se encontraban en "situación administrativa irregular" por lo que "probablemente se les aplicará la ley de extranjería, estando expuestas a ser expulsadas de nuestro país".
El colectivo ha evidenciado que "las multas en los municipios se multiplican sin que el Gobierno central intente evitarlo", por lo que las prostitutas "han de trabajar el doble para poder pagarlas", y que al expulsarlas de la calle --"donde las mujeres se quedan con todos los beneficios que obtienen"-- no se les ofrece "una alternativa de espacios donde puedan trabajar con tranquilidad y seguridad".
También ha manifestado de que esta última operación "ha demostrado que lo que se persigue es la prostitución que se anuncia en la prensa escrita, independientemente de que ésta se ejerza de manera voluntaria o sean víctimas de trata", y se pregunta por la prohibición de "los anuncios en televisión, Internet o en revistas especializadas en sexo para personas adultas".
Por último Hetaria ha abogado por la implantación de derechos laborales que protejan a las prostitutas, "como trabajadoras autónomas del sexo en la calle o en pisos particulares o bien como trabajadoras dependientes de terceros en los clubes", protección social para quien desee abandonar la prostitución y real para víctimas de trata de seres humanos y el fin de las multas, las expulsiones, los abusos y la criminalización.
