El Defensor aclara que no se acudió antes a la justicia porque no se encontraron "hechos constitutivos de delito" sino "indicios de que algo estaba ocurriendo"
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó este martes que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y la Consejera regional de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, "parecía que estaban contando 'Alicia en el país de las maravillas'" cuando comparecieron para negar las irregularidades en los centros de menores de la Comunidad que había denunciado un informe de la institución.
"Me ha parecido insólita la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, responsable en última instancia del contenido de estos informes, y del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia. Más parecía que estaban contando 'Alicia en el país de las maravillas', apuntó Múgica.
En declaraciones a los medios previas a su intervención ante la Comisión Mixta del Senado para Relaciones con el Defensor del Pueblo, Múgica explicó que este informe recoge el resultado de una investigación en 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España, con "conclusiones en algunos casos esperanzadoras y en otros desalentadoras", porque se han encontrado establecimientos donde "los menores no reciben el tratamiento que debieran".
El trabajo, presentado hoy ante el Senado, fue difundido a principios del mes de febrero y destapa irregularidades en la atención a los niños internados, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados". Según declaró el propio Múgica ante la Comisión Mixta, se trata de "un aguafuerte: un claroscuro sobre la situación de los menores que están ingresados en centros de acogimiento residencial".
"Hemos examinado de cerca un sistema que no está dando los frutos esperados, un sistema cuya financiación supone además un cuantioso esfuerzo económico para la administración y para la ciudadanía (3.810 euros de media mensual por cada menor) un sistema abandonado a la inercia de unos poderes públicos que incumplen a veces sus funciones de vigilancia y tutela, que no garantiza suficientemente los derechos de los menores y que, en ocasiones, incluso les aplica tratamientos que no son los más adecuados a sus necesidades", denunció.
RESPUESTA A LAS CRÍTICAS
Durante su comparecencia, el Defensor incidió en que la intención del estudio no es "señalar con el dedo" sino "abrir un debate" sobre la protección de estos jóvenes y contestó a algunas de las críticas suscitadas tras su publicación. Así, defendió la metodología empleada, basada en entrevistas con los jóvenes, porque también "se ha escuchado a los directores de los centros y por supuesto a los educadores".
Asimismo, incidió en que la Oficina del Defensor no sólo ha basado sus pesquisas en las denuncias de los jóvenes internados, sino también en las quejas de sus familias y de educadores "que trabajan o trabajaron" en estos centros de menores y que acusaron "irregularidades e incluso vulneraciones de derechos que se estaban cometiendo, tales como prohibir a los menores la asistencia al centro educativo, administrarles medicación sin ajustarse a las prescripciones de la ley reguladora de la autonomía del paciente o imponerles, como castigo, determinadas medidas de contención o aislamiento".
En cuanto a la publicación en los medios de comunicación del contenido íntegro del informe dos semanas antes de la presentación oficial ante el Senado, el el Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar, que se ocupó de la réplica a los grupos parlamentarios, negó que hubiera filtraciones y explicó que la institución "no puede controlar" ni el registro público del Congreso donde se introdujo el informe, ni las copias enviadas a diputados, ministerios, consejeros y fiscalía.
SIN HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO
En este sentido, la portavoz 'popular' en la Comisión Mixta, Begoña Contreras, criticó la difusión pública de este informe que tildó de "desolador" y preguntó al Defensor por qué no se habían puesto antes en conocimiento de la fiscalía algunas de las irregularidades señaladas. Según Aguilar, no se acudió a la Justicia antes porque no había hechos "constitutivos de delito", aunque sí indicios "preocupantes" de que "algo estaba ocurriendo". "Si hubiésemos visto el maltrato, habríamos acudido directamente a la Fiscalía General del Estado", aseguró.
El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Heredia, puso el acento en la necesidad de apostar por un modelo de acogimiento familiar en lugar de los centros de acogida y expresó su preocupación por el grado de generalización de medidas como la contención mecánica y el aislamiento, lo que según la Oficina del Defensor del Pueblo no ocurre en todos los centros, porque las prácticas son diversas y los modelos difícilmente homologables entre sí.
De parte de IU, Gaspar Llamazares, señaló la "privatización descarada de un sistema tan delicado" como el de la protección del menor y apuntó que "si nadie se plantea la privatización del sistema penitenciario, cómo es posible que se haya privatizado la protección de menores".
En su opinión, es necesario un cambio de modelo para la atención de los jóvenes que tienen problemas de conducta, posición en la que coincidió el senador del Grupo Mixto Pedro Torres, quien además cuestionó la legalidad de las medidas de contención reflejadas en el informe y la medicación sin consentimiento del menor que según el texto se está aplicando en algunos centros.
Por último, la vocal de CiU en la Comisión Mixta, Montserrat Surroca, incidió en que se debe "reflexionar porque las luces y sombras que recoge el informe deben contextualizarse" dado que describe "situaciones muy complejas". No obstante, felicitó al Defensor pro el trabajo realizado, igual que el portavoz de Entesa, Josep María Batlle, quien definió el informe como "riguroso, serio y valiente".
