MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y otros expertos que conforman el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos reclamaron hoy a la UE que se refuercen los derechos humanos de los llamados "extranjeros no expulsables" en el programa de Estocolmo, documento que establece las bases de las políticas de la europeas en materia de Justicia e Interior para el periodo 2010-2014 y que será aprobado en diciembre de 2009.
Además, criticaron "la actual falta de una regulación global con relación a las personas no expulsables en la legislación comunitaria". Este grupo europeo, que promueve la protección y promoción de los derechos humanos, acaba de publicar un documento con una posición común sobre las personas que no tienen residencia regular en territorio de la UE, pero que no pueden ser expulsadas por razones legales o prácticas y que, por lo tanto, se encuentran en una situación "de prolongado limbo legal, sin un acceso adecuado a la protección de sus derechos humanos".
En este sentido, la red afirma que la "imposibilidad de la expulsión no debe ser tratada tan solo como un fenómeno temporal", pues la experiencia muestra que las personas pueden permanecer en situación de no expulsables durante un "periodo de tiempo muy largo". "Muchos de ellos no tienen perspectivas de retorno a sus países de origen, por causas ajenas a su voluntad. Las personas no expulsables pueden tener lazos familiares, económicos o sociales en el país en el que se encuentran", señala.
Por ello, los expertos que forman el grupo consideran que la legislación de la UE "debe mejorar" los derechos fundamentales de este grupo, incluyendo el acceso a la educación, a la salud, alimentación adecuada y trabajo. Asimismo, creen que este marco legal debe incluir la posibilidad de obtener residencia legal.
Por otro lado, destacan que aunque todos los estados miembros de la UE tienen obligaciones globales en materia de derechos humanos que amparan a todas las personas residentes en su territorio, existen "amplias diferencias entre Estados con relación al status de las personas no expulsables y a su acceso a los derechos fundamentales". Así, mientras que en algunos países las personas no expulsables pueden ser tratadas de modo diferente en función de la duración o de las causas de la imposibilidad de su expulsión, en otros países todas las personas que no pueden ser expulsadas son tratadas del mismo modo.