Actualizado 14/07/2009 16:14

ONG's piden al Senado que rechace la limitación de la jurisdicción universal en España


MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de organizaciones sociales, entre las que se incluyen ONG's, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, pidió hoy al Senado, a través de un manifiesto, que rechace la limitación de la jurisdicción universal en España aprobada el pasado mes de mayo por el Congreso de los Diputados.

Además, instó al Parlamento español a que "vele por la conformidad de las leyes y a que avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal". "Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismo efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos", señalaron.

En su opinión, con la medida aprobada España "entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal". Con la modificación, la justicia española podrá perseguir a los presuntos delincuentes si se encuentran en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínvulo de conexión relevante con España y siempre que un tribunal internacional u otro competente no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Así, las organizaciones sociales acusaron a los grupos parlamentarios que apoyaron este iniciativa de no tener en cuenta que "la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad", ya que, continuaron, la mayoría de los países donde se comenten estos crímenes "no pueden o no quieren investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos".

Con todo, defendieron su postura argumentando que el Tribunal Constitucional "viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales". También señalarón que estas actuaciones son "el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan verdad justicia y reparación".

Por ello, creen que la defensa de los derechos humanos "es una obligación absoluta de los estados" y acusarón a los grupos parlamentarios que apoyaron la reforma de "abusar del poder y la confianza que en ellos se ha depositado.

"Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violación graves", concluyeron.