COLOMBO, 19 Ago. (Reuters/EP) -
El secretario de Defensa de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha afirmado que la petición occidental de que se investigue si el Gobierno del país ha cometido crímenes contra la Humanidad en su lucha contra los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil pertenece a una "agenda oculta" para derrocar al presidente, Mahinda Rajapaksa.
"Hay una agenda oculta tras estas alegaciones. Su principal objetivo es cambiar al presidente y al Gobierno porque no cumplen sus deseos", ha señalado Gotabaya Rajapaksa.
El secretario de Defensa, arquitecto de la destrucción de la guerrilla separatista de los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil en 2009 y hermano menor del presidente, ha expresado su frustración a causa de que se estén "ignorando" los esfuerzos que el Gobierno está realizando en tareas de rehabilitación desde el fin de la guerra.
El Ejército de Sri Lanka acabó con los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil en 2009, poniendo fin a una de las guerras modernas de más duración en Asia, pero desde entonces el Ejecutivo se enfrenta a acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra civiles.
Un grupo de investigación nombrado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, el pasado mes de abril, ha afirmado encontrar "evidencias creíbles" de que ambos bandos cometieron crímenes contra la Humanidad. En concreto, el grupo señaló que el Gobierno habría matado miles de civiles en los combates.
Estados Unidos y Reino Unido han salido a la palestra para pedir una investigación independiente de estas acusaciones, que el Gobierno ceilandés afirma que emanan de la "propaganda de los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil financiada por países extranjeros".
El secretario de Defensa ha reconocido desde 2009 que se produjo la muerte de civiles durante los enfrentamientos, pero ha negado que la cifra de fallecidos ascienda a decenas de miles.
Hasta el momento no ha habido un recuento independiente del número de civiles que fallecieron en el conflicto. Un conteo interno de Naciones Unidas indicó que el número sería cercano a los 7.000, pero la organización desmintió esta información y dijo que estaba sin confirmar.