De la Vega reconoce que el Sistema "tiene que ganar en eficacia y diligencia"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció este viernes que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia "tiene que ganar en eficacia y diligencia" al tiempo que calificó de "positivas" las cifras sobre el número de dependientes atendidos hasta la fecha, el número de prestaciones reconocidas y la inversión por parte de la Administración General del Estado (AGE).

"Son cifras positivas, pero sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que ganar en eficacia y diligencia y para eso estamos trabajando. Nuestro compromiso con el que es ya el cuarto pilar del Estado de bienestar es total", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con motivo del informe sobre el balance de aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de 2009 presentado por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

De entre los datos de este documento, la 'número dos' del Gobierno destacó que a 1 de enero de 2010 son ya más de 485.000 personas atendidas y 500.000 las que disponen de prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, lo que supone un incremento respeto a 2008 de un 130 por ciento. Asimismo, señaló que las personas beneficiarias son mayoritariamente mujeres y un 70 por ciento supera los 65 años; que la AGE destinó el año pasado más de 2.000 millones de euros a financiar este sistema que recibió, además, más de 350.000 solicitudes, es decir un 50 por ciento más que en 2008; y que el 90 por ciento de los solicitantes ya cuenta hoy con un dictamen técnico.

El informe de la ministra de Sanidad resume los acuerdos alcanzados con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial de Dependencia, como la fijación de los criterios de reparto de créditos de la AGE para la financiación del nivel acordado, los objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema para determinar los datos básicos que las comunidades autónomas han de trasladar o los criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

El documento también incluye el acuerdo al que llegó este consejo el pasado lunes 25 de enero, donde se estableció un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho de dependencia o el refuerzo de la calidad de los cuidados en el entorno familiar, mediante el seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y el establecimiento de garantías de idoneidad de la persona cuidadora que recibe la prestación económica.

También recuerda la aprobación de tres Reales Decretos relacionados con el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia, referidos a la determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema, la cuantía de las prestaciones económicas de la dependencia para el ejercicio 2009 y la mejora en el libramiento de los fondos del nivel mínimo a las comunidades autónomas.