MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, denunciará ante el Ministerio de Interior y el Defensor del Pueblo la discriminación sufrida por parte de dos personas sordas a las que la Junta Electoral Central les prohibió ejercer su derecho constitucional y formar parte de las mesas electorales en las que tenían que participar el pasado domingo con motivo de los comicios en el Parlamento Europeo.
Así lo anunció en rueda de prensa el presidente del CERMI, Javier Font, quien aseguró que estos casos se repiten continuamente en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras regiones, como en Murcia, se ha solucionado el problema con casos similares. "Los servicios jurídicos del CERMI van a presentar una denuncia ante Interior y el Defensor del Pueblo para que esto no se vuelva a producir dado que se repite reiteradamente en Madrid", señaló.
"En otras comunidades autónomas (San Rafael, Murcia, por ejemplo) han tenido la sensibilidad que aquí no han tenido", añadió Font, al tiempo que destacó que en este caso la Junta Electoral Central ha mostrado una "falta de conocimiento de las normas, haciendo un juicio de valor poco objetivo excusándose en cuestiones que no son". Por eso, destacó que no se trata de un fallo administrativo, sino de una falta de aplicación de la ley.
A su juicio, el hecho de que estas personas sean sordas no es un obstáculo para ellos, "sino que el problema es la falta de sensibilidad por parte de las autoridades públicas que tienen la obligación de amparar a estas personas y lo que hacen es desampararlas". "No es problema el hecho de que oye o no oye, es la poca sensibilidad", insistió el presidente indignado por la situación creada el pasado domingo.
Para Font, este caso es de discriminación total pues existe una normativa que empara a las personas con esta discapacidad, y, a su juicio, la Junta Electoral Central ha pasado de aplicarla. De hecho, explicó como las dos personas que tenían que estar en las mesas electorales de sus respectivos colegios recibieron el día de antes una resolución por parte de la Junta en la que se les decía que no podían ejercer este derecho.
En esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, y a la que contestó la Junta en ambos casos después de que estas dos personas remitiesen un requerimiento solicitando un intérprete de lenguaje de signos, se les dice que aun cuando la LOREG no excluye en principio la participación de personas discapacitadas, "la perentoriedad en la inmediatez en la resolución de todas las cuestiones que puedan plantearse en las operaciones electorales, puede suscitar problemas que dificulten o impidan tal participación".
El texto prosigue indicando que esta es la razón por la cual la persona discapacitada "justifique normalmente la excusa de participación como miembro de las mesas" y de ahí también que "el legislador haya previsto expresamente una posible adaptación de la normativa electoral común para que tal participación sea factible con una u otras circunstancias".
COLEGIO GINER DE LOS RÍOS
El primer caso es de Miguel Ángel Troyano, que el pasado viernes 30 recibió en su casa una notificación para que fuera el presidente de una de las mesas del colegio público Giner de los Ríos. El mismo lunes 1 de junio, Miguel Ángel se puso en contacto con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam) para pedir ayuda y poder solicitar, a través de un requerimiento este intérprete a la Junta.
Miguel Ángel, a través de su intérprete explicó hoy que este requerimiento lo llevó a cabo el miércoles pasado tal y como ampara la Ley 27/2007, que defiende la accesibilidad de las personas sordas a través de la figura del Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE). Sin embargo, hasta el mismo viernes, no le contestaron. Acudieron hasta su casa dos policías para notificarle que no podía ejercer como presidente.
No contento con esta decisión, el mismo domingo se presentó en el colegio con su intérprete y dos policías municipales le estaban esperando con un decreto sellado el sábado por la Junta en el que se le prohibía formar parte en las elecciones europeas como presidente de la mesa inicialmente designada. De esta manera, Miguel Ángel tuvo que darse media vuelta y marcharse resignado, no sin antes pedir "una copia de dicho decreto porque lo quería tener en la mano".
El afectado insistió en que este caso es uno más de lo que le ocurre en su vida diaria. "Siempre hay circunstancias y distintas barreras", reconoció, al tiempo que recordó otro momento en el que sufrió discriminación por su condición de sordo y la compañía Pullmantur no le permitió realizar un crucero solo por su discapacidad auditiva.
PRIMER VOCAL SUPLENTE
Alberto Rodríguez sufrió una situación similar cuando el pasado 28 de mayo recibió en su casa una notificación de que tenía que ser primer vocal suplente en una de las mesas del Centro Integral de Empleo de Humanes, localidad en la que reside. Alberto contó como ese día él estaba trabajando --en un almacén de material óptico-- y en su lugar, recogió el documento su mujer, que le explicó al personal de la Junta que su marido era sordo.
Ante esta explicación, señaló Alberto, al principio las personas se mostraron reticentes y no querían dejar la notificación, aunque finalmente acordaron que era lo mejor y se la entregaron. El problema llegó el pasado 4 de junio cuando se organizó una reunión para explicar a los componentes de las mesas cómo actual el domingo. "Yo tenía dudas pero no me hacían caso", indicó.
Su mujer empezó a enfadarse al ver el trato que se le estaba dando a Alberto y que fue excusado porque le dijeron que no le explicaban nada porque seguramente el primer vocal iba a acudir. "Yo pensé que eso era injusto porque podía pasar que esta persona no acudiera porque se pusiera enferma", añadió.
El viernes, dos policías acudieron a su casa para entregarle la notificación de que Alberto no podría participar, pero no había nadie en casa y finalmente la dejaron en el Ayuntamiento, donde acudieron al día siguiente "y nadie daba explicaciones", continuó Alberto, que decidió acudir el domingo directamente al colegio electoral para ver qué pasaba.
Acompañado de toda su familia que desde Alcobendas acudió hasta Humanes para mostrarle su apoyo, Alberto llegó a primera hora de la mañana y en el momento en que empezaron a pasar lista para ver si estaban todos los componentes de la mesa, incluidos los suplentes, vio como "iban pasando lista" y su nombre no aparecía. "No estaba el mío y acudimos al Ayuntamiento para ver qué pasaba", indicó.
"Quería saber por qué me relevaban de mi puesto... me puedo comunicar con mi intérprete como cualquier persona oral", agregó el afectado que señaló cómo al llegar al Consistorio, la situación no estaba "muy clara" y las personas allí presentes no daban explicaciones. "Se escondían de nosotros", indicó Alberto asegurando que lo que les ha ocurrido es una "vergüenza" y que se han sentido como "esclavos" que tienen que hacer lo que "ellos digan".
Por su parte, la presidenta de FeSorCam, Rosa Marta González, explicó que la semana pasada dieron mucho bombo y platillo al caso de Miguel Ángel porque iba a ser el primer sordo en España que iba a ejercer como presidente de una mesa electoral, y que, ahora, tras ver lo que ha pasado, están indignados.
Explicó que en la resolución de la Junta se indicaba que no había tiempo "suficiente" para plantear a la Junta electoral el caso de las dos personas, una excusa que no les convence. Quieren pedir explicaciones y saber por qué no se les ha dejado participar y denunció que hay vacíos en la ley para estos casos.