NUEVA YORK, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) envió hoy una carta al primer ministro paquistaní, Yusuf Raza Gillani, en la cual le insta a abolir la pena de muerte en el país centroasiático y exige que, hasta que el Parlamento tome esta decisión, el Gobierno anuncie una moratoria inmediata sobre esta medida punitiva.
La moratoria debería aplicarse --explica HRW en un comunicado-- mientras el Ejecutivo establece una comisión encargada de revisar la aplicación de la pena de muerte y los delitos por los que se puede dictar y mientras lleva a cabo reformas para asegurarse de que se cumplen los requisitos de un juicio justo.
El director de HRW en Asia, Brad Adams, destacó que "el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas cada año en Pakistán es uno de los más altos del mundo". Por ello, "si el nuevo Gobierno está realmente interesado en la justicia, pondrá fin a esta inaceptable" situación, añadió Adams.
La organización internacional indica en su carta a Gilani que, en los últimos años, se ha incrementado significativamente el número de delitos que son castigados con la pena de muerte: casi una cuarta parte (en torno a 7.000) de las más de 31.400 personas condenadas en Pakistán fueron sentenciadas a la pena capital.
En 2007, continúa HRW, 309 presos fueron condenados a morir a manos del Estado y 134 fueron ahorcados. Pero la mayoría de los sentenciados --matiza la ONG-- eran pobres o analfabetos, algunos eran víctimas de discriminación por motivos religiosos y muchos fueron encarcelados sin haber tenido un juicio justo.
Además, Human Rights Watch subrayó que la tortura es un mal endémico en Pakistán que puede derivar en condenas erróneas y, por lo tanto, en la ejecución de personas inocentes. Por otro lado, expresó su preocupación por la aplicación de la pena de muerte en tribunales especiales como los que llevan casos de antiterrorismo, narcóticos o en tribunales militares, ya que ninguno de ellos ofrece juicios justos.
Adams consideró que esta situación evidencia "serias debilidades en el sistema legal" paquistaní que han "conducido a ejecuciones injustas". Por lo tanto, el nuevo Ejecutivo "debería colocar en el centro de su agenda la realización de una reforma", opinó.
En este contexto, HRW recomendó al Gobierno paquistaní que ponga en marcha ciertas reformas durante el tiempo que continúe vigente la pena capital, como la garantía de que los acusados tengan acceso sin dilación a un abogado competente, que la tortura no se utilice para obtener confesiones o pruebas y que los juicios cumplan las normas internacionales necesarias para considerarse justos.
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que exigía la aplicación a nivel mundial de una moratoria sobre la pena de muerte. El próximo mes de septiembre, la Asamblea reabrirá la discusión sobre la pena capital, una ocasión que, según Adams, el Gobierno paquistaní puede aprovechar para "diferenciarse del régimen militar de (el presidente) Pervez Musharraf" diciendo a la Asamblea que "ha puesto fin a la pena de muerte".
