MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha pedido al Gobierno español y la Unión Europea que intervengan ante Dinamarca por el proceso judicial abierto contra el ex presidente de Greenpeace en España Juantxo López Uralde por haber desplegado una pancarta durante la cumbre contra el Cambio Climático de Copenhague en 2009. Según esta formación, la "gravedad de las penas" que se piden para este activista por una "protesta pacífica" responden a una "maniobra política" del Ejecutivo y la Casa Real daneses.
"Si el Gobierno español ve tan normal que el embajador de Estados Unidos presione a jueces y fiscales españoles como ha demostrado Wikileaks, también debería encontrar normal que la diplomacia española interviniera ante el Gobierno y la Justicia daneses para pedir una rectificación en un caso con carácter marcadamente político", ha argumentado el eurodiputado de ICV, Raúl Romeva.
Tanto Romeva como la diputada de ICV en el Congreso, Nuria Buenaventura, han presentado preguntas en sus respectivas Cámaras en relación con el proceso abierto contra López De Uralde, fundador Euqo, una nueva formación política, con la que ICV está negociando una eventual alianza electoral.
REPRESIÓN EN LUGAR DE JUSTICIA
La diputada de ICV considera que "los acontecimientos han mostrado" que los activistas de Greenpeace están siendo víctimas de "una maniobra política" del Gobierno y la Casa Real daneses, a los que ha acusado de estar "utilizando más la represión que la aplicación de la Justicia".
En este contexto, han recordado que los ecologistas fueron detenidos solo por desplegar una pancarta con el lema 'Los políticos hablan, los líderes actúan', durante la Cumbre del clima de Copenhague en una de gala presidida por la reina de Dinamarca. "El agravante que se aplica en base al artículo 115 del Código Penal danés respecto a la presencia de la reina acto, no se aplicaba desde 1935 y se ha incorporado a petición del propio Ministerio de Justicia", han lamentado los dos parlamentarios ecosocialistas .
Por todo ello, Romeva y Buenaventura quieren que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea aclaren si piensan dar algún tipo de cobertura legal a López de Uralde y si "consideran proporcionadas las penas que afrontan los activistas por una simple manifestación pacífica". La diputada, además, ha preguntado al Ejecutivo si la diplomacia española ha mantenido contactos con el Gobierno danés con respecto a la imputación de un ciudadano español.