La Coordinadora de ONG de Desarrollo dice que el debate está "muy abierto" sobre "hasta qué punto el Estado debe proteger al cooperante"
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG, Rafael Jariod, dice que no está "nada claro" que el voluntario de Acción Solidaria secuestrado y liberado en Mauritania Albert Vilalta deba recibir una indemnización del Gobierno de España en calidad de víctima del terrorismo, ya que "no está al mismo plano" que quienes se han visto sorprendidos por ejemplo, por un atentado.
En declaraciones a Europa Press, Jariod ha señalado que cada voluntario "es responsable de sus actos" y se desplaza a países en conflicto a sabiendas de "lo que arriesga", por lo que habría que "pensar muy mucho" si el Gobierno de España debe después, hacerse responsable de indemnizarle, aunque ha reconocido que "es difícil decir sí o no".
"No es lo mismo el señor que está en el metro y de repente estalla una bomba que el señor que va a una aventura y sabe a lo que se arriesga, pero en un mundo globalizado, pueden entrar en el mismo saco", ha añadido Jariod, para incidir en que ya no hay fronteras y el terrorismo es global.
Por eso, en su opinión debería haber un responsable último supranacional que se hiciera cargo de la seguridad de estas personas y en su caso, de las indemnizaciones. Así, apuesta por la creación de una especie de pasaporte internacional que acreditase al personal de cooperación, profesional o voluntario, como dependiente directo de la ONU, sin vinculación directa con un país concreto, de manera que todos pudieran ser identificados como nacionales del Estado en el que están trabajando o realizando su voluntariado.
"Debemos buscar soluciones que amparen a los voluntarios, como un seguro de responsabilidad civil, de asistencia médica, repatriación y seguro de secuestros", ha indicado Jariod, para destacar que las ONG "no pueden dejar de hacer aquello para lo que han sido creadas" porque tienen "unos objetivos muy concretos y una responsabilidad muy grande" con las personas para las que trabajan.
UN DEBATE ABIERTO
Por otra parte, el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), Eduardo Sánchez, ha declinado pronunciarse claramente sobre esta situación, ya que según ha dicho, el debate está "muy abierto" sobre "hasta qué punto tiene el Estado que apoyar al voluntario". "No está nada claro", ha señalado.
"No sé si tiene derecho o no jurídicamente (a ser considerado víctima del terrorismo), otra cuestión es si es o no lógico", ha señalado Sánchez, para incidir en que las ONG no tienen una posición clara sobre "dónde acaba la responsabilidad individual y empieza la colectiva" pero "si el terrorismo se globaliza, habrá que ir dando respuesta".
No obstante, ha incidido en que las ONGD "desaconsejan" la práctica de las caravanas solidarias por "ineficaces e inseguras" y apuestan por otros mecanismos para llevar la ayuda allí donde se necesita. Además, defienden la profesionalización de cooperantes y voluntarios tanto en materia de desarrollo como de seguridad.
