Actualizado 26/02/2010 12:09

Comunidad de Madrid lamenta que en la libertad vigilada de la Ley del Menor "prácticamente no hay ningún control"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, lamentó hoy que en la situación de libertad vigilada que se contempla en la actual Ley del Menor "prácticamente no hay ningún control", ya que "lo único" que hace es que el delincuente reciba la visita de un asistente social o de un psicólogo cada 15 días.

En declaraciones a Telemadrid, el consejero dijo que "sin duda" hay que reformar la Ley del Menor, porque, "aunque en general funciona bien, hay casos que llenan de inquietud a los ciudadanos". "Para esos delitos graves, la Ley del Menor no da la respuesta que la sociedad demanda", señaló.

"Hay niños de 11 y 12 años que distinguen perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal, y necesitan ayuda para reinsertarlos. Me preocupa que cuando estos chavales cumplen 18 años, en términos generales, se mantienen en los centros de menores, cuando parece que lo lógico sería que ingresaran en prisión. La libertad vigilada, en determinados casos, no es suficiente", añadió.

Granados indicó que, a su juicio, "otro debate interesante es que las penas puedan revisarse". "Si el objetivo es la reinserción, y ésta no se ha producido, debería haber mecanismos para alargar el internamiento hasta que la reinserción se produzca", añadió, al tiempo que dijo sentirse sorprendido "cuando el ministro dice que la ley no hay que tocarla. "No entiendo por qué hay que resignarse a no tener una ley mejor", agregó.

A la tertulia acudió también el Defensor del Menor, Arturo Canalda, quien comentó que, aún siendo buena la actual Ley del Menor "hay que reformarla, ya que son necesarias condenas excepcionales para delitos excepcionales". "Un menor que comete un delito muy grave necesita pasar en internamiento todo el tiempo que los profesionales consideren razonable para su reinserción, y que cuando cumpla los 18 años termine su condena en la cárcel", señaló.

Canalda apuntó que también es necesario atender a los menores de 14 años que delinquen porque "han de tener la posibilidad de reinsertarse, y qué mejor opción que se establezcan medidas educativas de carácter obligatorio, medidas que no tienen que tener un límite de edad por la baja". "Hoy día, un menor de 14 años que haya cometido un acto ilícito se va a su casa sin más. Sólo hay medidas de protección civil que no tienen carácter obligatorio", indicó.

El Defensor del Menor también consideró importante "suprimir el tramo de libertad vigilada", que ahora disfruta 'El Rafita', condenado por el asesinato de Sandra Palo, porque "se solucionarían muchos problemas". Y defendió que se establezcan "medidas contra los padres que utilizan a los menores para cometer delitos, que se pueda exigir a los padres otro tipo de responsabilidades".

El Juez Decano de Madrid, José Luis González Armengol, aseguró por su parte que no le gusta la ley ya que, a su juicio, "tiene dos fallos clamorosos: hay un antes y un después en el periodo de 14 a 18 años". "Se ha detectado por expertos que con 11 y 12 años saben discernir perfectamente entre el bien y el mal, y en la calle vemos actos ilícitos cometidos por menores en este tramo de edad ante los que no se hace nada. Por otro lado, sería necesario proseguir después de los 18 años", indicó.

Armengol informó de que ha propuesto rebajar la edad penal a los 13 años, y puntualizó que "no se trata de la aplicación pura y dura de medidas penales, sino de la aplicación de medidas socioeducativas que si no se pueden aplicar a menores 14 años, no podremos educar ni rehabilitar a estos chicos".

"No me gustan los tratamientos particularizados, por eso hablo de los 13 años. Cuanto antes entren en el circuito judicial, más oportunidades tendremos para hacer algo por ellos. El problema es que a partir de los 18 años los volvemos a perder porque no hay ningún tipo de control en la libertad vigilada", declaró.

En su opinión debería haber programas obligatorios y vigilancia, algo que la actual ley no establece ya que, explicó, "si no se da el consentimiento del condenado, no se le puede aplicar una medida en beneficio de la comunidad, como limpiar un parque o similar. No se le puede obligar. Eso, de 14 a 18 años. De 14 para abajo, ni hablamos".