SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, informará hoy en el Pleno del Parlamento regional de la situación actual de la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en la comunidad autónoma.
Gorostiaga comparece a petición propia en una sesión en la que el Grupo Popular se interesará por cuestiones como el desbloqueo de la construcción de viviendas unifamiliares en suelos rústicos o la elaboración de un Plan de Empleo Juvenil.
En concreto, la diputada María José Sáenz de Buruaga planteará dos preguntas sobre los motivos para que no se haya producido el cumplimiento de la resolución aprobada en el debate del Estado de la región de 2008 y los plazos que maneja el Gobierno para realizarlo.
La citada resolución se aprobó el 26 de junio de 2008, y en ella, por unanimidad, los tres grupos instaron al Ejecutivo a aprobar en un plazo máximo de tres meses los instrumentos urbanísticos necesarios para desbloquear la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas al ocio y el turismo rural en suelos rústicos.
Esto es algo que no permite en la actualidad la Ley del Suelo. Los instrumentos necesarios para el desbloqueo serían bien una modificación de este texto o bien la elaboración de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
Por su parte, el Grupo Popular propondrá la elaboración de un Plan de Empleo Joven por parte del Gobierno, que se remita al Parlamento para su aprobación, y que se justifica ante la baja tasa de emancipación de la población joven en Cantabria y la tasa de paro en este colectivo.
DEPENDENCIA
Según distintos datos manejados por el Gobierno, durante 2009 se espera alcanzar un total de 15.000 prestaciones económicas o de servicios por la Ley de Dependencia, de las que, a fecha 1 de enero, últimos conocidos, se beneficiaban 8.098 personas.
De ellos, un total de 6.549 han sido reconocidos como grandes dependientes y 1.549 como dependientes severos nivel 2. Estos son los dos grados de dependencia que en 2008 amparaba la Ley de Dependencia según su calendario de aplicación. Pero en 2009 empezará a hacerse efectivo el derecho a las prestaciones de quienes sean valorados como grado II de dependencia severa, nivel I.
Con datos a 1 de enero de este año, de esas más de 8.000 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia en Cantabria, unas 2.000 son atendidas en plazas residenciales y otras 2.753 reciben prestaciones económicas por cuidados familiares. Entre esos familiares, 1.203 ya están dados de alta en la Seguridad Social.
Además, hay 291 beneficiarios de ayuda a domicilio y 471 tienen plazas en centros de día o de noche. La relación se completa con otras 2.580 personas beneficiarias de la ley de las cuales no se ha concretado cuál es la prestación que reciben una información que el Gobierno central ya ha solicitado a las comunidades autónomas, en este caso a Cantabria, que especifiquen.
Otras cifras consultadas por Europa Press indican que un total de 3.404 hogares cántabros dedican cada mes una cantidad superior a los 120 euros a los gastos generados por la atención a personas en situación de dependencia.
En los 14.004 hogares con personas dependientes que hay en Cantabria, la mayoría de ellos (9,974, un 69,94%), son atendidos por un miembro del propio hogar. La asistencia por parte de profesionales del sector se limita a un 25,13% de los casos, 3.519 hogares.
De esta forma, Cantabria cuenta con 1.194 cuidadores de personas dependientes no profesionales que están dados de alta en la Seguridad Social, según los últimos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, recogidos por Europa Press.
El Gobierno central invirtió el año pasado 10 millones de euros para la aplicación de la Ley de la Dependencia en Cantabria, una cifra que duplica a la que recibió la comunidad autónoma durante el año anterior.
Por su parte, la comunidad autónoma contó el año pasado con un presupuesto de 87,5 millones de euros para la atención a las personas dependientes, una cifra superior en 15 millones a la que se consignó en 2007, cuando ascendió a 72,4 millones de euros.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como la Ley de Dependencia, se aprobó en la pasada legislatura, en el año 2006, y fijó como derecho estas prestaciones, para lo que se creó el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia.
El sistema de atención a la dependencia establece tres niveles de protección a las personas que padecen este tipo de problemas, de los cuales le corresponde al Estado financiar el nivel mínimo, mientras que los demás depende de lo acordado con las comunidades autónomas en los sucesivos convenios.
