Dependencia.- El PP lleva al Pleno del Congreso de la próxima semana la exigencia de más financiación para la Ley

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó hoy que su formación ha presentado una proposición no de ley, que será debatida en el Pleno de la próxima semana, en la que solicita al Gobierno más financiación para la Ley de Dependencia.

La propuesta de los 'populares', recogida por Europa Press, señala que en este año deberían estar siendo atendidos algo más de 410.000 dependientes cuando en realidad sólo 65.460 (el 16%) está recibiendo algún tipo de prestación o ayuda, según datos del Ministerio a fecha del 10 de junio.

En la iniciativa se pide aumentar el presupuesto destinado a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y "que se garanticen, en términos de suficiencia financiera, las cargas asumidas por las comunidades autónomas en la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica".

Además, el PP exige que el Ejecutivo envíe al Congreso un plan de financiación de las prestaciones por dependencia para los próximos cinco años con el objetivo de alcanzar el número de dependientes que establece la norma.

SUSPENDER LA LEY

Sáenz de Santamaría indicó que "los avances conseguidos por la Ley son notoriamente insatisfactorios" y acusó al Gobierno de haber "destruido las expectativos de los ciudadanos". "Las quejas son reiteradas, incluso las amenazas de suspensión de la Ley por parte de comunidades autónomas socialistas está encima de la mesa", aseguró.

En la propuesta, el PP critica la existencia de "ciudadanos merecedores de la atención prevista en la norma que no han visto llegar los recursos y las atenciones a las que tienen derecho". "Se han incumplido todos los objetivos que el Ejecutivo socialista anunció antes, durante y después de la aprobación de la ley", agrega.

Los 'populares' solicitan al Gobierno que adopte "criterios comunes" sobre la cuantía que debe pagar el beneficiario de un servicio para evitar la "discriminación por lugar de origen", así como que apruebe los criterios de acreditación de centros de atención a personas en situación de dependencia.

También reclaman que se mejore el marco de colaboración interinstitucional con las comunidades autónomas, que se agilice y simplifique los trámites para el acceso a los servicios y que revise el "fracasado sistema telemático".

Por último, demandan que se modifique la actual fórmula de convenios anuales por otra de convenios plurianuales que eviten el enorme retraso con que en la actualidad se suscriben, así como la puesta en marcha, "en un plazo de tres meses", del plan de atención para los menores de tres años en situación de dependencia, tal y como exige la ley.