SANTURTZI (VIZCAYA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, pidió hoy al Gobierno vasco que comience a valorar el grado de dependencia de los ciudadanos y a elaborar el plan individual de atención, porque es quien tiene las competencias "exclusivas" para ello y el Gobierno central ya ha garantizado la financiación de la Ley de Dependencia, con un presupuesto de 400 millones de euros para este año. "Nosotros hemos cumplido, ahora le toca al Gobierno de Euskadi", indicó.
Durante la clausura de las XII Jornadas sobre la Exclusión Social, que se han celebrado en Santurtzi, Valcarce aseguró que su pretensión es conseguir una "revolución social" y que el ciudadano no reciba una prestación "si se puede", sino que "tenga el derecho a recibir esa prestación porque es un ciudadano y porque tiene un derecho reconocido por ley".
Precisamente, consideró que éste es el cambio "más profundo" que supone la Ley de Dependencia, se congratuló del "gran apoyo" social y político con que ha contado la norma y destacó que se trata de "una de las leyes que ha tenido el apoyo más importante en el Parlamento". Por ello, señaló que ese respaldo tiene que traducirse ahora "en una obligación para los Gobiernos" e instó al Gobierno vasco a "empezar ya, porque es su obligación legal, a valorar a los ciudadanos, establecer su grado y nivel de dependencia".
Además, pidió al Ejecutivo autonómico que empiece también a elaborar el plan individual de atención, que recogerá los servicios y las prestaciones económicas que van a recibir teste año las personas mayores y con discapacidad que sean grandes dependientes.
ESTAR A LA ALTURA.
Tras mostrarse segura de que "todos van a estar a la altura" de lo que la Ley exige, Valcarce recordó que España tiene sus competencias distribuidas "perfectamente" e indicó que, en el caso del País Vasco, son el Gobierno de Ibarretxe y las diputaciones forales quienes tienen las competencias "exclusivas" para proveer los servicios sociales necesarios.
Por ello, recalcó que, "en respeto a las competencias exclusivas de Euskadi, es su Gobierno quien tiene ahora que hacer el trabajo" e hizo hincapié en que, una vez aprobada la ley, "ahora es este Gobierno, y las diputaciones forales, quien tiene que responder ante los ciudadanos, dándoles los servicios y dándoles las prestaciones económicas".
Asimismo, manifestó la importancia de dar prioridad a los ayuntamientos y animó al Ejecutivo vasco a priorizar a estas instituciones para que haya más residencias, centros de día y centros de promoción de la autonomía personal.
En cuanto a la financiación, subrayó que está "garantizada", con un presupuesto de 400 millones de euros para este año y 13.000 millones para todo el programa, y aseguró que esa financiación "la reciben todas las comunidades", por lo que, precisó, "es el Gobierno de Euskadi el que, en aras a sus competencias, lo va a ejecutar".
Por último, dijo sentirse "orgullosa" de los convenios y acuerdos alcanzados entre los Gobiernos central y vasco, pero, insistió, "el Gobierno de Euskadi tiene ahora que cumplir esos convenios para que los servicios y las prestaciones les lleguen a todos los ciudadanos vascos con gran dependencia". "Nosotros hemos cumplido, ahora le toca al Gobierno de Euskadi", agregó.
