ALMERÍA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción acusó hoy al Gobierno central, la Junta de Andalucía y la promotora del hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería), Azata del Sol, de presunta "connivencia" para el derribo parcial del inmueble que, según sostienen, la Administración intenta legitimar al propiciar que la Audiencia Nacional (AN) fije la zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre en el paraje en tan sólo 50 metros.
En una nota, el colectivo conservacionista argumentó sus sospechas en la actitud mantenida por el Abogado del Estado y una perito insaculada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN, quien, en una sesión celebrada el pasado lunes, afirmó ante el tribunal que la finca es urbanizable.
Añadió, según ecologistas, que las Normas Subsidiarias (NN.SS) en vigor en Carboneras fijan, pues, la servidumbre en la mitad de lo estipulado por la Ley de Costas, de cuya aplicación en 100 metros derivo el expediente de expropiación incoado por el Ministerio de Medio Ambiente en diciembre de 2005.
Al hilo de esto, tras anunciar la interposición de una querella criminal contra la arquitecto elegida al azar por la AN, el colectivo criticó la actitud del Abogado del Estado, que, a su juicio y "en defensa de los intereses de Ministerio de Medio Ambiente", no rebatió "sus inciertas afirmaciones" y no mencionó el nivel de protección máxima del paraje.
Ecologistas en Acción explicó que el matiz radica en el grado de afección a la estructura del hotel de Azata del Sol, que de cumplirse la Ley de Costas sería inviable mientras que el ancho de 50 metros "salva el inmueble y sólo sacrifica la zona de piscinas más próxima al mar".
El colectivo hace extensiva su acusación a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que, a través del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar, recalifica las fincas de El Algarrobico "núcleo urbano preexistente o zona degradada", lo que "facilita" la aplicación del citado deslinde.
Pese a que ya anunció la impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del documento una vez se publique en BOJA el próximo enero, sostiene que el PORN en vigor --cartografía de la página 13.708 del BOJA de 1994-- clasifica el paraje como no urbanizable, lo que exige una servidumbre de protección de 100 metros.
(EUROPA PRESS)
