MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Ley de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente ha superado su primer trámite parlamentario con el rechazo del PP a las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE e ICV, que solicitaban la devolución del texto al Gobierno.
En concreto, la enmienda de ICV ha sido rechazada por el PP, CiU, PNV y UPyD, y la han apoyado el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG.
Mientras, la enmienda socialista ha recibido el voto en contra del PP y de UPyD, a la vez que se han abstenido CiU, PNV, Amaiur, Geroa Bai y Coalición Canaria-Nueva Canarias, y la han respaldado el PSOE, la Izquierda Plural y el BNG. El PSOE ha solicitado además la advocación a Pleno de la normativa pero ha sido igualmente rechazada.
Durante su intervención, la portavoz del PSOE en la materia, Leire Pajín, ha reprochado al Gobierno que en la cumbre de Río+20, que se celebra este jueves, el presidente del Gobierno esté predicando unos principios para después en España implantar otros.
Así ha defendido un modelo de desarrollo económico y social ambientalmente sostenible, a la par que ha exigido una reactivación de las ayudas a las renovables. En este sentido, ha defendido que el único camino es la economía verde, como motor de crecimiento económico y la consiguiente salida de la crisis.
A su juicio, este decreto abre la puerta a la especulación del agua y produce un "parón" en el medio ambiente. "No sé si creen que la comunidad internacional no se va a enterar de unas convicciones diferentes a las que predican", ha avisado al PP.
Igualmente, ha señalado que este decreto ha llegado a la Cámara
"con prisa" y no existe "ninguna razón" que justifique dicha celeridad con la que se ha querido tramitar esta normativa. "Esta es la norma en la que la crisis sirve de coartada para construir un modelo diferente al que habría que desarrollar. Este proyecto de ley va a tener costes económicos y dejarán de crearse puestos de trabajo. Trae los recortes al medio ambiente", ha alertado entre otros aspectos.
SIN AVANCES EN MEDIO AMBIENTE
Desde ICV, Laia Ortiz, que ha iniciado su intervención solicitando la comparecencia del presidente del Gobierno, ha defendido en su enmienda a la totalidad que esta ley del Gobierno no presenta ningún avance en materia de medio ambiente.
De hecho, ha dicho que se trata de una ley "miope y antigua", contraria a los objetivos de la UE, y que, a su juicio, el PP justifica por agilización administrativa, cuando su intención final dice que es poner la normativa al servicio de unos pocos, es decir, de los lobbies. "Plantean un insulto a la inteligencia y a las directrices de la UE", ha puntualizado.
En relación a la cumbre internacional de Río+20, Ortiz ha criticado que Rajoy vaya con una mochila de propuestas que en España no va a cumplir, al posicionarse por ejemplo a favor de las renovables y en España hacer todo lo contrario, además de recortar áreas protegidas, plantear un plan hidrológico que no protege a los ríos españoles o ensalzando a la energía nuclear.
"Este Gobierno no se sitúa en 'Río+20' sino en 'Río-20' porque tienen una visión vintage de la economía y nos hacen hacer el ridículo y son el lastre antiecológico. En sus informes Europa nos reprimendan por las medidas en medio ambiente", ha agregado.
Mientras, Toni Cantó, de UPyD, comparte el decreto y espera que se aproveche esta oportunidad para hablar del modelo de Estado y del debate competencial. "Felicidades y buen trabajo, ojalá esa lealtad fuera recíproca", ha apuntado.
Martí Barberá, de CiU, comparte concretamente la modificación que la ley emprende con las subastas de derechos de efecto invernadero, al mismo tiempo que ha recordado que la Generalitat catalana trabaja en una normativa de cambio climático. Sobre la ley de patrimonio natural dice que en la ley del Gobierno se vulneran competencias autonómicas.
Por su parte, la portavoz 'popular' en la materia, María Teresa de Lara, ha defendido la representación de Rajoy en 'Río+20', que ha suscitado el grito de la bancada de la Izquierda Plural y socialista. Posteriormente ha tachado de "demagogas" las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE.
"La medida es conveniente en los momentos de crisis que vivimos. Apostamos por la modificación de la ley de residuos para reducir cargas administrativas, así como por el carácter voluntario de los sistemas de devolución y retorno. No queremos la imposición", ha indicado.
Además, se ha mostrado favorable a unificar los planes de gestión que coinciden en un espacio geográfico, para mejorar la gestión de los espacios protegidos. "Es evidente y necesario que aquellos municipios que se encuentren protegidos puedan desarrollar actividades ambientales compatibles", ha apostillado.
UNA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
El Partido Popular aceptó a finales de mayo la petición de los grupos de la oposición, entre los que se encontraba el propio PSOE, de tramitar como proyecto de ley, sujeto a cambios, el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Se trata de una normativa que el Gobierno ha justificado ante "el desorden legal" existente en la normativa española. Entre otras medidas, plantea una modificación de la Ley de Aguas, de forma que el Estado recupere la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
En materia de protección ambiental, propone una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea, mientras que plantea la supresión de los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
Además, sobre el sistema de subastas de derechos de emisión, este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.
Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.
