ONG pide que las CCAA asuman las competencias sobre educación e integración de la Ley de Extranjería

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización pro-inmigrante Andalucía Acoge consideró hoy que es "fundamental" que las CCAA asuman las competencias relativas a la educación e integración de la población inmigrante de cara a la reforma de la Ley de Extranjería, cuya tramitación se inició ayer en el Congreso de los Diputados.

Según indicó a Europa Press la presidenta de Andalucía Acoge, Mamen Castellanos, "todas las competencias relacionadas con la integración y la educación de los inmigrantes, como las matrículas en las guarderías o los permisos de trabajo, deben de ser asumidas por las CCAA para asegurar una mayor coordinación y evitar las contradicciones que se producen en la actualidad".

Asimismo, Castellanos, quien insistió, no obstante, en que "este no es el momento más adecuado para hacer una reforma de la Ley de Extranjería, ya que parece que se culpabiliza la población inmigrante de la crisis económica, cuando, precisamente ésta ha tenido un papel fundamental en el desarrollo económico anterior a esta coyuntura"; destacó que a la entidad le "preocupa seriamente" cómo se contempla el capítulo de la educación en la normativa en el actual texto de la normativa.

De este modo, lamentó que el Gobierno "no haya aprovechado la reforma para adaptar totalmente" la Ley en materia de educación a la doctrina del Tribunal Constitucional, el cual "reconoce el derecho a la educación de todas las personas independientemente de cuál sea su situación administrativa". Según la presidenta, esta doctrina "no se ha trasladado tal cual al texto, sino que en este punto se ha dejado un vacío legal al remitir este derecho a la legislación general de educación del Estado".

"Que se reconozca este derecho fundamental a todas las personas, tengan o no permiso de residencia, es prioritario si de verdad se quiere trabajar en pro de la integración y la sociedad intercultural, y no simplemente a base del control de fronteras", destacó.

Igualmente, consideró que la exigencia de una doble petición por parte de las personas extranjeras para obtener el servicio de justicia gratuita, "puede privar de este derecho a muchos inmigrantes" y criticó que la restricción de la reagrupación familiar a mayores de 65 años "no tiene en cuenta las diversas realidades de los diferentes países de origen".

También rechazó el "endurecimiento" del régimen de sanciones, que afecta "incluso a las personas que practiquen la hospitalidad con los inmigrantes" o las disposiciones en materia de violencia de género, ya que, según apuntó, "aunque se vende como un gran avance que se les otorgue a las mujeres inmigrantes la oportunidad de denunciar, lo cierto es que, de forma paralela, se les abre un expediente de expulsión si no demuestran ellas mismas que son víctimas de este fenómeno, con lo que, por otro lado, se las coarta".

Por último insistió en que "no tiene sentido ampliar el periodo de reclusión de los extranjeros en los centros de internamiento --fijado hasta ahora en 20 días de máximo--, cuando se está viendo que o se les expulsa en este periodo o ya no se hace", criticando, además, que el funcionamiento de los mismos "se regule únicamente por decreto, en lugar de hacerlo por ley en contra de la doctrina del Tribunal Supremo".

Por su parte, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-a) pidió la retirada de la reforma y el voto en contra de los diputados con el objetivo de que "se abra un periodo de negociación y consulta" con las organizaciones sociales para replantear la legislación española de extranjería "abandonando criterios rancios y restrictivos que se han demostrado inútiles, y profundizando en planteamientos de integración y respeto de los derechos humanos".

VISIÓN "UTILITARISTA" DE LOS EXTRANJEROS

De este modo, la asociación rechaza también la ampliación del plazo de internamiento de los extranjeros en los Centros de Internamiento "sin que se haya contemplado la revisión de la aberración jurídica que supone la ampliación de la privación de libertad para personas a las que se les imputa una simple falta administrativa".

En cuanto a las restricciones en la reagrupación familiar, recordó que ésta es un elemento "trascendental" para la inserción social de las personas que viven en nuestro país, al "permitirles generar núcleos familiares amplios, similares a los que mantienen en sus países de origen".

En general, según la entidad, este proyecto de reforma destaca por un "sesgo claramente restrictivo marcado por un visión utilitarista de carácter económico de los extranjeros, de acuerdo a la cual la vida del extranjero en España sólo tiene sentido en cuanto elemento del mercado laboral".