PSOE admite que el centenar de quejas al Defensor del Pueblo por la situación lingüística de Cataluña es "significativo"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE admitió hoy en el Pleno del Congreso que el centenar de quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo sobre la aplicación del régimen de cooficialidad lingüística en Cataluña es "significativo", aunque situó esta cifra "en sus justos términos" y la puso en relación "con los siete millones de personas que viven en esta comunidad".

Durante el debate del informe presentado por Enrique Múgica sobre actuaciones llevadas a cabo por esta institución a lo largo de 2007, el diputado Miguel Angel Heredia recordó que la ley catalana de normalización lingüística es de 1998 y añadió que la situación lingüística en Cataluña "no había planteado ningún problema hasta la pasada legislatura".

Del mismo modo, recalcó que el Defensor del Pueblo, en su recurso al Estatuto de Cataluña, "no ha recurrido el contenido del régimen lingüístico sino su inclusión en la norma estatutaria".

El portavoz socialista cuestionó, sin "ánimo polémico alguno", "la oportunidad política e institucional" de Múgica a la hora de recurrir la norma. "Supone una extravagancia que un órgano que tiene como misión defender los derechos y libertades de los ciudadanos recurra más de la mitad del articulado del Estatuto", agregó.

En cualquier caso, Heredia destacó el trabajo realizado por esta institución en sus 25 años de historia en favor de los derechos de los ciudadanos, al tiempo que alabó "la disposición de las administraciones públicas de atender y cumplir las recomendaciones que les hace el alto comisionado".

CUESTIONADA SU 'INDEPENDENCIA'

Los reproches a Múgica por su recurso contra el Estatut también fueron argumentados por la portavoz de CiU, Montserrat Surroca, quien exhortó al Defensor del Pueblo a retirar dicho recurso porque, a su juicio, ésa es la "voluntad del pueblo catalán". Además, la representante de CiU, junto con los del PNV y ERC-IU-ICV, instó a esta institución a trabajar con "independencia" y al margen de cualquier "consideración política".

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría acusó a Enrique Múgica de no atender las quejas "realmente relevantes" de los ciudadanos, como el retraso judicial, que acumula 70.000 sentencias sin ejecutar y que ha dado lugar a situaciones como el 'caso Mari Luz'.

A su vez, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió al Defensor que sea más "exigente con las administraciones encargadas" de poner en pie el sistema nacional de dependencia, de tal modo que se garanticen a los dependientes los servicios y prestaciones que les corresponden por ley.

¿Y LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA?

El diputado de IU también reclamó al director de esta institución que sea "más activo" en la lucha por el acceso de las personas a una vivienda digna. "Es preocupante que el informe del Defensor no haga referencia a la corrupción urbanística, que afecta a los ciudadanos, al medio ambiente y al prestigio de la democracia", espetó.

Por su parte, Ricardo Tarno (PP) destacó, al contrario que muchos de los demás partidos, las "muestras de independencia y legitimidad" del Defensor y añadió que su papel es "imprescindible" porque representa "la última oportunidad de los ciudadanos para hacer oír sus quejas ante el mal funcionamiento de la administraciones públicas".

Eso sí, el diputado 'popular' censuró que "ningún miembro del Gobierno" haya acudido a conocer, "un jueves por la mañana", el balance las actuaciones del Defensor del Pueblo, hecho que consideró "una falta de respeto a los ciudadanos porque supone no escuchar sus quejas".

El debate del informe expuesto a la cámara por el Defensor del Pueblo no fue seguido por ningún miembro del Gobierno y en el hemiciclo había medio centenar de diputados.