El PSOE destaca que la Comunidad Valenciana está a la cola en solicitudes y prestaciones a dependientes

ALICANTE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria federal del PSOE en Bienestar Social, Marisol Pérez, destacó hoy que la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola en toda España" en materia de solicitudes, dictámenes y prestaciones a beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Con motivo de su visita hoy a la localidad alicantina de Mutxamel para ofrecer una charla sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, Marisol Pérez resaltó que "pese a que esta comunidad tiene más de 5 millones de habitantes, cerca del 11 por ciento de la población de todo el país, la Generalitat sólo tiene registradas 36.852 solicitudes, lo que supone el 0,73 por ciento de la población".

Estas cifras contrastan con los de otras comunidades, como la de Extremadura, que con casi dos millones de habitantes, ha registrado a 1 de febrero 26.441 solicitudes, el 2,41 por ciento de la población. Otras regiones como Andalucía, con 8.202.220 habitantes, han registrado 242.433 solicitudes, el 2,96 por ciento de la población.

En dictámenes, la Comunitat Valenciana también se encuentra en los últimos puestos, con 31.260 dictámenes emitidos --el 0,62 por ciento de la población--, frente a otras comunidades como la andaluza que ya ha emitido 184.742 informes.

A día 1 de febrero, los datos que la Generalitat valenciana aporta al Imserso revelan que en la Comunitat hay 29.018 beneficiarios, de los cuales "de alrededor de 15.000 no se sabe cuánto reciben ni si reciben ayudas", señaló.

La realidad, según explicó la secretaria federal del PSOE de Bienestar Social, "es que la gente que ya ha sido valorada es la que ya estaba recibiendo ayudas en residencias, pero el resto sigue en la calle reclamando ayudas".

"FUSTIGAR AL GOBIERNO".

Marisol Pérez se preguntó porqué "el Gobierno del señor Camps no se toma en serio la Ley de la Dependencia", y lamentó que "Camps utiliza a los ciudadanos y las instituciones públicas para fustigar al Gobierno de Rodríguez Zapatero".

"Lo triste es que ese objetivo tira por tierra una de las leyes más importantes de la historia, que es el gran pilar del estado de bienestar", y "quienes al final lo pagan son los ciudadanos".