VALENCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT PV denunció hoy la privatización de los servicios de la ley de Dependencia y el "retraso" en su aplicación en la Comunitat Valenciana, cuando se cumple en este mes los dos años de la entra en vigor de esta normativa.
Según afirmó el sindicato en un comunicado, durante este tiempo su aplicación ha sido "controvertida" ya que las competencias corresponden a las autonomías, por lo que el desarrollo de la ley "ha dependido de la voluntad política de los gobiernos de cada comunidad".
En el caso de la Comunitat Valenciana, destacó que la aplicación de la ley sufre un "retraso considerable respecto a las otras comunidades" y consideró que han sido "numerosas las sorpresas en cuanto a la aplicación del sistema de protección social a personas con dependencia, que escapan de toda lógica".
UGT PV subrayó que al "retraso acumulado" que lleva la Conselleria de Bienestar Social se suma "el despido de profesionales del trabajo social en algunos ayuntamientos de municipios de nuestra comunidad, lo que dificulta la aplicación adecuada de la ley, con los agravios que esto supone a las familias y personas con dependencia".
Asimismo, aseguró que la Conselleria de Bienestar Social demuestra "poca transparencia". Según el sindicato, han tenido conocimiento "de manera informal" de que el Servicio de Ayuda a Domicilio "ha sido regulado con una circular interna en la que se propone acreditar a empresas privadas que presten este servicio y, de esta manera, otorgar a las personas con dependencia la prestación vinculada al servicio".
UGT PV subrayó que el espíritu de la Ley de Dependencia es que se cree una Red Pública de Servicios "de manera progresiva", por lo que la prestación de servicios "debe primar sobre la concesión de prestaciones económicas". En este caso, señlaó que la política del Gobierno de la Generalitat "va en contra de este espíritu, ya que el servicio de ayuda a domicilio se podría proporcionar desde las entidades locales, lo que aumentaría la calidad en los servicios y del empleo de los profesionales de atención a la dependencia".
Para el sindicato, los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran estar acreditadas que establece la Conselleria "no han sido publicados oficialmente, por lo que únicamente conocen estas particularidades los profesionales del servicio municipal de atención a la dependencia de los ayuntamientos y las empresas interesadas que presenten servicios de ayuda a domicilio".
La misma circular además, según el sindicato, "establece unos mínimos para la prestación vinculada al servicio, que tampoco están regulados legislativamente" y que se han establecido en función del grado y nivel de la persona dependiente. Así, para el grado II nivel 1 y 2 el mínimo de prestación que le correspondería sería la cuantía de una pensión no contributiva, y para el grado II nivel 2 un mínimo de 100 euros mensuales.
UGT PV afirmó que se trata de "cantidades irrisorias" ya que "duda" de "la calidad del servicio que se podrá encontrar en el mercado privado por 100 al mes". En esta línea, criticó "el oscurantismo con el que trabaja la Conselleria de Bienestar Social" y demandó que la regularización de los servicios y prestaciones pendientes (servicio de ayuda a domicilio y prestación económica de asistencia personal) sea "pública y accesible para toda la ciudadanía valenciana".
"No se puede permitir que no se preste el servicio de ayuda a domicilio como tal, y que en su lugar se dé una prestación económica para que la persona con dependencia busque el servicio en el mercado privado a través de las empresas acreditadas por la Conselleria de Bienestar Social", indicó y expuso su apuesta por "la creación de una Red Pública de Servicios a través de los ayuntamientos, para que así sean cercanos a toda la ciudadanía y se creen empleos de calidad, lo que repercutiría en la calidad de los servicios prestados a las personas en situación de dependencia".
