Unas 40 empresas británicas están acusadas de comprar datos de empleados para evaluar su perfil antes de contratarlos

Pruebas del comisionado de Información británico revelan listas negras en la construcción, ya denunciadas reiteradamente

LONDRES, 6 Mar. (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -

Más de 40 empresas británicas han sido acusadas de haber comprado supuestamente datos personales de trabajadores para estudiarlos antes de proceder a la contratación, por lo que afrontan acciones legales después de que una investigación acometida por la Oficina del Comisionado de Información (ICO, en sus siglas en inglés) descubriese una supuesta ruptura masiva de la Ley de Protección de Datos.

El comisionado, Richard Thomas, publicó la lista de las implicadas en un proceso promovido a raíz de las sospechas surgidas sobre posibles listas negras en compañías que habrían adquirido durante años de forma encubierta información de las actividades desarrolladas por los comités sindicales, sus integrantes y su conducta laboral.

La iniciativa liderada por Thomas permitió ya adoptar acciones que por el momento ha llevado al cierre de la oficina de un detective privado con base en Droitwich, Consulting Association, al que se acusa de una "seria quiebra" de la Ley de Protección de Datos tras haber acumulado una base de hasta 3.000 personas y con contenidos que se remontan a principios de la década de los 80.

La información se centraba en si los sujetos podrían representar una "amenaza para las relaciones empresariales entre la empresa y los empleados" y su autor, Ian Kerr, se enfrenta a medidas por haber vendido supuestamente la información a compañías de la industria de la construcción que querían supervisar el pasado de la plantilla antes de dar de alta a sus integrantes. La multa podría superar las 5.00 libras.

Kerr accedió a suspender la actividad de la compañía tras la orden dictada por el comisionado, quien denunció que entre los criterios destacados por el investigador figuraban desde la pertenencia al Partido Comunista, a opiniones que recomendaban "no tocar", "tendente a organizar huelgas" o "vago y provocador de problemas".

DENUNCIAS

En este sentido, el sector llevaba años denunciando prácticas que apuntaban a que algunos empleados eran vetados por su activismo sindical, si bien, hasta la fecha, las alegaciones no habían podido ser probadas y la patronal en su conjunto lo había negado reiteradamente.

No obstante, el Gobierno laborista llegó a plantearse aprobar una ley para penar las denominadas listas negras en 1999, si bien finalmente renunció a tramitarla en base a que "no había grandes evidencias de que existieran". Una decisión que ha provocado que, desde un punto de vista legal, esta práctica esté técnicamente admitida, si bien la Ley de Protección de Datos prohíbe la recolección y distribución de información secreta de ciudadanos sin su conocimiento.

La investigación del comisionado, que incautó cientos de facturas de las oficinas de Kerr, permitió probar también que algunas compañías le habían pagado una suscripción anual y abonaban una cantidad determinada por cada nombre que le pedían que contrastase en su base de datos.

El proceso se abrió como resultado de la polémica que el pasado verano generó una información publicada por el diario liberal 'The Guardian' que aseguraba que en la industria de la construcción había una importante escala de listas negras y que el comisionado de Información pretende abolir.