Actualizado 11/04/2012 17:21

RSC.-El anteproyecto de Ley de Transparencia "garantiza poco su cumplimiento", según Transparencia Internacional España

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ONG Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha señalado que el actual anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno presentado por el Ejecutivo "garantiza poco el cumplimiento de la ley" porque su sistema de control es "poco independiente y queda supeditado al Gobierno".

No obstante, Lizcano ha valorado "positivamente" la intención del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy de introducir una ley que favorezca la transparencia del sector público y ha presentado una serie de propuestas que la organización que preside ha remitido al Gobierno con el objetivo de mejorar el anteproyecto en los trámites posteriores.

De este modo, Transparencia Internacional ha pedido que se introduzcan en la ley distintos supuestos de infracciones y sanciones en relación con el incumplimiento de las normas recogidas tanto en el Capítulo I (publicidad activa), como en el Capítulo II (Derecho de acceso a la información pública) y ha señalado que el establecimiento de Silencio administrativo negativo (cuando la Administración no contesta se entiende la información como denegada) "respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita y no tiene justificación".

En cuanto a la agencia responsable de garantizar el derecho a la información, la organización ha subrayado que "no es una agencia independiente ya que se encuentra bajo el ámbito del Gobierno, que es quien nombra o cesa el presidente" y ha solicitado "la creación de un nuevo órgano independiente o la modificación del ya existente para favorecer su independencia".

Junto a estas demandas, la ONG ha lamentado que no se fundamente el derecho a la información en el artículo 20.1 d) de la Constitución, que impide que se reconocezca este derecho como fundamental y ha pedido que se amplie el concepto de información porque, a su juicio, el texto del anteproyecto lo limita "a un derecho de acceso a documentos públicos".