Actualizado 01/12/2015 19:08:32 +00:00 CET

Caballero defiende la gestión de su gobierno sobre el PGOM de Vigo

Vigo Abel Anulacion Pgom
EUROPA PRESS/REMITIDO

   Afirma que acatará la sentencia del TS y pide a la Xunta caminar "juntos" para minimizar el impacto en la ciudad

   VIGO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo ha sido un "evento inesperado" para el gobierno local vigués, como ha admitido el alcalde, Abel Caballero, quien ha defendido la tramitación que su equipo hizo del documento, y ha apuntado, como responsable, a la "administración autonómica ambiental".

   En una rueda de prensa, el regidor olívico ha subrayado que la sentencia del TS reconoce "el correcto proceder" del Ayuntamiento en las cuestiones de tramitación que eran de su competencia, "pero considera insuficiente e injustificada" la argumentación de la Xunta para declarar la inviabilidad de someter el PGOM a la evaluación estratégica ambiental.

   La resolución del alto tribunal señala que no existía la "premura" indispensable para justificar la ausencia de esa evaluación, una afirmación que Caballero ha rechazado, ya que "hubo dos aprobaciones parciales definitivas" del PGOM.

   La primera de ellas, afectó al "98,5 por ciento" del planeamiento, y se realizó pocas semanas después de que la Xunta del bipartito aprobase la declaración de inviabilidad, por tanto, "sí que había premura". La segunda aprobación, la del 1,5 por ciento restante del PGOM, llegó en julio de 2009, cuando ya el PP gobernaba la Xunta.

   En ese sentido, Caballero ha recordado que este planeamiento ha tenido una tramitación muy larga y ha eludido referirse a responsabilidades de gobiernos autonómicos concretos, ya que las resoluciones relativas al PGOM de Vigo salieron de Consellerías dirigidas, primero por el PSOE (María José Caride, actual concejal de Urbanismo, era conselleira de Política Territorial, y Pachi Vázquez lo era de Medio Ambiente) y luego con el PP (con el exconselleiro Agustín Hernández).

DECLARACIÓN DE INVIABILIDAD

   El alcalde de Vigo ha rechazado las críticas de los grupos municipales del PP y de la Marea de Vigo, sobre la asunción de responsabilidades políticas tras la anulación del PGOM. A su juicio, si hubiera que hablar de responsabilidades, habría que retrotraerse a octubre de 2006, cuando el gobierno de Corina Porro, en el que José Manuel Figueroa era edil de Urbanismo, solicitó a la Xunta la declaración de inviabilidad de la evaluación estratégica ambiental.

   "Fue una actuación exclusiva de Porro y Figueroa, que ahora intenta tapar su responsabilidad. Pero fueron ellos los que originaron el problema", ha

   proclamado Caballero, quien ha asegurado que las modificaciones introducidas en el Plan cuando él llegó al gobierno (básicamente el aumento de vivienda protegida) no afectaban a cuestiones medioambientales.

"MINIMIZAR" EL IMPACTO

   Al margen de recordar la compleja tramitación de este documento urbanístico, lo cierto es que la sentencia del TS anula el Plan, como ha reconocido Caballero, quien ha afirmado que, "a partir de ahora hay que proceder para que el impacto sobre la ciudad sea el menor posible, para minimizar los efectos".

   El alcalde ha avanzado que este miércoles, a las 13.00 horas, mantendrá una reunión con la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ya que considera que sería "muy conveniente" que Ayuntamiento y Xunta "caminaran juntos" en la búsqueda de soluciones ante el actual escenario. "Quiero transmitir a la ciudad que lo arreglaremos, lo vamos a resolver", ha aseverado.

   Según Caballero, "hay acciones que se pueden tomar" para reducir el efecto de esta sentencia sobre el urbanismo de la mayor ciudad de Galicia, aunque ha evitado adelantar ninguna de las alternativas. En todo caso, ha mostrado su respeto por el Supremo y ha señalado que acatará la sentencia, lo que hace que Vigo vuelva a tener como marco normativo de planeamiento el denostado PGOU de 1993.

   Tampoco ha querido ahondar en las consecuencias económicas que esta resolución puede tener para el futuro de la ciudad, ni en la eventual paralización de proyectos como la Ciudad de la Justicia, la ampliación del polígono de Balaídos, y otros desarrollos urbanísticos.

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