El PSIB pide que la Sindicatura de Cuentas estudie si Bestard malversó recursos públicos con sus tres coches oficiales

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado que la Sindicatura de Cuentas elabore un informe que determine si el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), incurrió en un delito de malversación de recursos públicos al hacer uso exclusivo de tres vehículos oficiales.

El grupo socialista en el Parlament ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) con este objetivo, aunque previsiblemente no se debatirá hasta el próximo periodo de sesiones, es decir, hasta después del verano.

Con esta iniciativa, consultada por Europa Press, el PSIB tratará de obtener la mayoría necesaria para instar a la Sindicatura de Cuentas a realizar "de manera prioritaria" un informe que dictamine si los hechos cometidos por Bestard se ajustan a la legalidad o si pueden ser constitutivos de un delito de malversación.

El movimiento de los socialistas llega una semana después de un informe técnico elaborado por el Consell de Mallorca determinara que Bestard hizo uso exclusivo de tres vehículos oficiales, en algunos casos para acudir a lugares en los que no consta que tuviera ningún acto institucional agendado o para realizar viajes a Madrid para los que no había obtenido la autorización correspondiente.

Este informe, elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes --el departamento que dirige Bestard--, fue después analizado por el secretario y la interventora general en un documento de corte jurídico.

En él, aunque admiten que la conducta del vicepresidente "no es apropiada", señalan que no se puede determinar de forma categórica que haya hecho un "uso indebido" de los coches.

Los socialistas, en su iniciativa, sostienen que existen elementos objetivos y documentación oficial más que suficiente para solicitar a la Sindicatura de Cuentas que valore si el uso de los recursos públicos por parte de Bestard se ajustan o no a la legalidad.

Ya existen precedentes de este tipo de peticiones al organismo de fiscalización. Esta misma legislatura, en 2024, se pidió que hiciera lo propio con la exconsellera del Consell de Mallorca Pilar Bonet, quien fue condenada por estafar a Globalia, la empresa para la que trabajó en un pasado.

El informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, en líneas generales, determinó que Bonet no replicó esta ilegalidad en el Ayuntamiento de Llucmajor, donde fue regidora de Hacienda y Contratación Pública.

LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES

De forma paralela, los grupos que conforman la oposición en el Consell de Mallorca, el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI, han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar el ya conocido como caso Bestard.

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el equipo de gobierno liderado por el presidente Llorenç Galmés, han considerado, "son insuficientes y mantienen abiertos numerosos interrogantes" sobre la utilización de recursos públicos y la gestión política del caso.

En el pleno extraordinario, ha señalado la oposición en un comunicado, pedirán la comparecencia de Galmés para que dé explicaciones ante el máximo órgano de representación de la institución que preside y "asuma las responsabilidades políticas que se puedan derivar".

La propuesta de acuerdos que defenderán también incluye, entre otras medidas, el cese inmediato de Bestard; la petición de informes a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas sobre una posible malversación de fondos públicos; la solicitud de un informe a la Abogacía del Consell de Mallorca para determinar si existen indicios de un delito penal; la adopción de medidas de transparencia en el uso de los vehículos oficiales, y la aplicación del Código Ético y de Buen Gobierno de la institución insular.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha considerado que "lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía".

"Si los informes acreditan conductas que no son apropiadas y hechos que no tienen justificación institucional suficiente, el presidente Galmés no puede mirar hacia otro lado ni actuar como si no hubiese pasado nada", ha sentenciado.

La coalición Per Mallorca --en la que desde hace unos meses está integrado El PI-- ha considerado que "lo más grave" de este asunto ya no son los hechos que afectan a Bestard sino "la decisión del presidente de intentar dar el caso por cerrado sin haber aclarado todas las contradicciones y dudas que continúan existiendo".

Si Galmés "no exige todas las explicaciones necesarias, no depura responsabilidades y no promueve un debate político transparente ante el pleno", han sostenido los regionalistas, estaría "faltando al deber de ejemplaridad que exige su cargo" y "poniendo seriamente en duda su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas".