La ausencia de horizonte político y los esfuerzos de las RSF por crear un gobierno paralelo elevan el riesgo de fragmentación
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Sudán cumple este martes dos años sumido en una brutal guerra civil que enfrenta al Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y que ha sumido al país africano en una de las peores crisis humanitarias a nivel mundial, con más de 15 millones de desplazados internos y refugiados y proyecciones sobre que más de tres millones de niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda este mismo año.
El conflicto estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las tensiones entre el Ejército y las RSF, hasta entonces aliados, en torno al proceso de integración de la fuerza paramilitar en las Fuerzas Armadas, reflejo de una lucha de poder representada a mayor escala por sus dos líderes, Abdelfatá al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, respectivamente.
Al Burhan y Dagalo, conocido como 'Hemedti', saltaron a la primera fila de la política en Sudán tras el golpe de Estado de abril de 2021, que puso fin al régimen de Omar Hasán al Bashir y abrió una transición liderada por Abdalá Hamdok, un primer ministro civil encargado de llevar al país a unas elecciones que determinaran el nuevo panorama político.
Sin embargo, las críticas a la represión de varias protestas prodemocráticas y la influencia de las Fuerzas Armadas y las RSF en el proceso llevaron a Al Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición, a derrocar a Hamdok en una segunda asonada, respaldada por 'Hemedti', una figura ya controvertida por su papel en el seno de las milicias 'yanyauid' durante el genocidio en Darfur.
A pesar de que Hamdok fue restituido, acabó por dimitir y las diferencias entre los líderes militares llegaron a un punto de no retorno en lo relativo a la inclusión de las RSF en el Ejército y quién estaría al frente de las Fuerzas Armadas, unas suspicacias que desembocaron en una devastadora guerra.
Las RSF lograron importantes avances en las primeras etapas, tomando la capital, Jartum, y embolsando al Ejército en algunos puntos de la ciudad y sus alrededores --lo que provocó el traslado de las operaciones gubernamentales a Puerto Sudán--, así como la mayoría de Darfur, Kordofán y otros puntos al sureste de la capital.
Sin embargo, el Ejército ha logrado durante los últimos meses recuperar el control de Jartum y partes del centro, en una contraofensiva en varios frentes lanzada en septiembre de 2024 que tuvo su momento cumbre con la toma en marzo del Palacio Presidencial y el aeropuerto internacional de la capital.
Tras este giro, las RSF han centrado sus ataques en el estado Norte, en la frontera con Egipto, desatando la preocupación de El Cairo, además de incrementar su ofensiva contra El Fasher, capital de Darfur Norte cercada desde hace meses, y los campamentos de desplazados de sus alrededores.
RIESGO DE PARTICIÓN
Ante esta situación, el 'think tank' International Crisis Group destacó recientemente que, si bien la toma de Jartum por parte de las fuerzas gubernamentales llevó a pensar en posibles avances hacia la paz, el Ejército está intentando lograr una victoria total, mientras que las RSF apuestan por expandir el conflicto y cimentar su poderío en zonas bajo su control.
Parte del riesgo pasa por la internacionalización del conflicto a través del apoyo de diversos países a las partes. Las autoridades sudanesas han acusado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y a Chad de dar apoyo a las RSF, mientras que Egipto ha expresado en varias ocasiones su respaldo al Ejército sudanés, sin una implicación directa y clara en las hostilidades.
De hecho, Jartum ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Abú Dabi por "complicidad en el genocidio" contra la comunidad masalit --parte de las tribus no árabes en el país africano--, proceso cuyas vistas arrancaron el jueves y en el que EAU ha rechazado las acusaciones.
Además, las RSF y sus aliados han impulsado un proceso para crear un gobierno paralelo, incluida una nueva Constitución de transición, lo que llevó a las autoridades de Sudán a denunciar un intento de "dividir el país" y cargar contra Kenia por acoger las reuniones que derivaron en estos anuncios.
La situación supone un riesgo de desestabilización de los países vecinos, que están además bajo la presión de haber recibido a más de 3,8 millones de refugiados y retornados --que se suman a casi trece millones de desplazados--, la mayoría de los cuales han cruzado las fronteras con Chad, Sudán del Sur y Egipto, si bien otros han ido a Etiopía y República Centroafricana (RCA).
ENORME SUFRIMIENTO HUMANO
Las hostilidades han sumido a Sudán en "la mayor catástrofe de hambre del mundo", según denuncia el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que especifica que 24,6 millones de personas, casi la mitad de la población, hacen frente a hambre aguda, incluidas unas 638.000 en niveles catastróficos, la cifra más alta a nivel mundial.
Asimismo, subraya que "la hambruna ha sido confirmada en diez lugares", ocho de los cuales se encuentra en Darfur Norte --con otras dos en las montañas Nuba Occidentales--, mientras que otras 17 están en riesgo de hambruna, en medio de importantes dificultades para la entrega de ayuda por las obstrucciones de las partes y la inseguridad.
La portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Olga Sarrado Mur, ha incidido durante los últimos días en que "las noticias siguen siendo desalentadoras" y ha agregado que "la crisis de desplazamiento más devastadora del mundo tiene lugar en medio de la peor situación de financiación humanitaria en décadas", un panorama desolador para la población.
Así, ha lamentado que este "brutal conflicto" ha causado "un colosal rastro de sufrimiento", incluido un aumento de los desplazamientos durante el último año, en medio de relatos por parte de refugiados que han logrado escapar a países vecinos sobre "violencia sexual sistemática y otras violaciones de los Derechos Humanos, incluidas matanzas en masa".
A ello se suman los últimos recortes internacionales en financiación a la respuesta humanitaria, encabezados por Estados Unidos, lo que dificulta estas operaciones y supone una oscura perspectiva para los damnificados, motivo por el que la portavoz de ACNUR ha incidido en que "una solución política para una paz en Sudán es ahora más necesaria que nunca".
En este contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha acusado a las partes en conflicto de "supervisar un asalto total contra los Derechos Humanos, en medio de la inacción internacional" y ha lamentado las "consecuencias profundamente catastróficas" del conflicto para la población civil.
"Dos años de este conflicto brutal e insensato deben ser una llamada de atención para que las partes depongan las armas y para que la comunidad internacional actúe. Sudán no debe permanecer en este camino destructivo", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que, al margen de la lucha de poder, existen factores económicos y empresariales que están alimentando la guerra.
Turk ha apuntado al papel en este sentido por parte de actores nacionales e internacionales sen sectores como el oro y la agricultura, dado que los ingresos generados por el comercio internacional de oro, goma arábica y ganado ha pasado a ser la columna vertebral de la economía de guerra, en medio de una proliferación de armas, a pesar del embargo sobre los envíos de armamento a la región de Darfur.
"El brutal conflicto en Sudán no solo está devastando el Sudán actual, sino que también está diezmando prácticamente su futuro", ha manifestado Turk, quien ha reiterado su llamamiento a un fin de los combates y el inicio de "un proceso inclusivo que fomente la cohesión social y aborde las causas profundas del conflicto, incluida la arraigada impunidad", para lograr la paz en el país africano.