Almeida justifica el cese a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS "por no ser la persona más adecuada"

Publicado 07/09/2019 12:51:36CET
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MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que el cese de la directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Paloma Herranz, se debe a que no era "la persona más adecuada" para el nuevo equipo de Gobierno municipal.

Así lo ha indicado Almeida a los medios de comunicación durante su visita al parque de atracciones, que celebra su 50 aniversario, donde el edil ha señalado que el motivo de esta decisión tomada este viernes ha sido "simplemente de reorganización".

"Cada vez que llega un nuevo equipo de Gobierno tiene que formar equipos", ha señalado el regidor, quien ha recordado que el anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena también hizo ceses.

Paloma Herranz era la abogada encargada de recurrir ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre.

La interposición del recurso tiene una fecha límite, el 27 de septiembre, pero por parte del Ayuntamiento de Madrid el alcalde ha manifestado "que no hay obligación" de presentar el recurso, sino que la encargada sería la empresa municipal si decide continuar con el proceso judicial.

LA DECISIÓN DEL PLENO

Más Madrid y PSOE consiguieron que el Pleno del pasado 29 de julio apoyara que la EMVS recurriera en casación ante el Supremo la venta de 1.860 viviendas públicas al 'fondo buitre' Fidere por debajo de su precio de mercado gracias a la abstención de los cuatro concejales de Vox, que se desmarcaron del 'no' de PP y Cs.

Su propuesta pasaba por que la EMVS lo presentara en el plazo de 30 días dando de este modo "muestra de su defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudadanía en lugar de optar por la protección de los intereses individuales de los cargos políticos del PP".

Más Madrid y socialistas apuntaban que los daños y perjuicios causados a los fondos públicos pueden ser superiores a los 120 millones de euros.

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