CEIM ve "corrupción" en la nueva financiación al "cambiar privilegios por votos" y plantea premiar al que gestiona mejor

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, ha rechazado la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España porque considera que hay "corrupción" al "cambiar privilegios por votos" y ha planteado premiar a las comunidades autónomas que gestionan mejor los recursos.

"Se ha hecho a medida de los intereses de aquellos que necesitan sus votos para sostener los apoyos al Gobierno de Cataluña y España, eso es evidente. El interés prioritario no ha sido de los ciudadanos, sino el de la necesidad que tenían de satisfacer las exigencias de Esquerra Republicana. Para mí eso es un elemento de corrupción más importante todavía que el de las mordidas de contratos", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press.

Esta semana, todos los consejeros autonómicos que participaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo Cataluña, expresaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica, alegando que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno y ERC, a la vez que amenazaron con llevarlo ante la Justicia.

Garrido ha tachado de "inaceptable" que se haya hecho una propuesta con Cataluña, una comunidad autónoma que tiene "más recursos y capacidad económica" para rebajar "muy sensiblemente" su aportación al conjunto de las necesidades de las otras regiones.

"Es verdad que es muy difícil y que es casi imposible complacer a todos y eso nosotros lo entendemos. Particularmente, somos conscientes de que Madrid siempre va a tener que hacer una aportación extraordinaria por encima desde luego de lo que aporta. Lo entendemos, lo apoyamos y creemos que eso es justo. Hay que trabajar para el reequilibrio territorial y favorecer a aquellas comunidades que tienen menos recursos", ha defendido.

Por ello, CEIM ha abogado por un modelo que premie la buena gestión de las administraciones frente a una propuesta que "compensa a aquellos que más derrochan y que más han elevado el gasto público, como ya pasó con la condonación de la deuda".

"Creo que todas las comunidades autónomas, Madrid también, deberían hacer un esfuerzo aún mayor por una contención del gasto público superfluo innecesario, pero desde luego la región es la que mejor gestiona esos recursos y presta mejores servicios, con menos recursos públicos. Eso es lo que deberíamos primar, como lo hacemos las empresas privadas", ha apuntado.

"PERJUICIO" A LA FINANCIACIÓN DE MADRID

En este sentido, Garrido ha advertido que la región va a tener que incrementar más su aportación al Fondo de Solidaridad, a diferencia de Cataluña, que "disminuye". "Lo que está claro es que va a haber un perjuicio hacia la financiación de la Comunidad de Madrid", ha aseverado.

Considera la patronal madrileña que situación será "perjudicial" porque los servicios públicos madrileños "van a tener menos capacidad" y ha cargado contra la propuesta de limitar la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid de gestionar los impuestos para "complacer las exigencias de los socios independentistas".

"Si creemos en el Estado de las autonomías, tenemos que creer en todos los sentidos y, por supuesto, facilitar que las comunidades autónomas tengan esa corresponsabilidad de que puedan gestionar los gastos y los ingresos. En Madrid se lleva demostrando mucho tiempo, y en el resto de comunidades se está empezando a demostrar también, que las políticas de una fiscalidad más amable y más incentivadora han conseguido mayor actividad y más riqueza. Se están intentando cargar un modelo que funciona", ha apuntado.

Asimismo, ha tildado de "chantaje" que la nueva propuesta de financiación sea voluntaria y ha alertado de que provocaría una situación de "desventaja" a todo aquel que no se acoja, que se quedaría sin fondos extra del Estado y que aportan los españoles, "no del Gobierno".

"CASTIGO" A LAS EMPRESAS

Por otra parte, el vicepresidente primero de la CEOE ha censurado las políticas laborales del Ejecutivo central, especialmente las de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, quien "lleva tiempo tratando de imponer su modelo y suplantando las funciones tradicionales que tenía el diálogo social".

"El diálogo social es una infraestructura de enorme importancia para España, que también da confianza a los actores económicos. Ella se vio enormemente frustrada por no ser capaz de sacar la reducción de la jornada porque lo hizo mal. Trató de imponerla en vez de negociarla. Si de verdad hubiera tenido voluntad, pues es probable que hubiéramos llegado a acuerdos", ha insistido.

Tras este "fracaso", Garrido ha expresado que Díaz "se ha dedicado a castigar a las empresas", un hecho que es "muy grave" porque considera que "todos deberían trabajar para intentar mejorar tanto las condiciones laborales y económicas de retribución de los trabajadores en España, como la competitividad de nuestras empresas".

"A mí siempre me escucharán decir que ojalá fuéramos capaces de aumentar el salario medio de los trabajadores españoles porque eso sería muy bueno para la economía española y desde luego para el conjunto de la sociedad, pero hay que hacerlo de una manera equilibrada y dar herramientas para que las empresas puedan llevar a cabo esos incrementos en la retribución sin que se comprometa su propia viabilidad", ha recalcado.

También ha advertido de que el absentismo en las entidades está "restando muchísima competitividad", una cuestión que "se está agravando cada año desde la pandemia", por lo que ha lamentado que hasta ahora no se haya tomado ni una medida para frenar esto.

"Se siguen anunciando medidas, por ejemplo el tema de los permisos por fallecimiento, que lo que harían sería agravar ya una situación de por sí enormemente grave. Por eso, pedimos que se sienten en una mesa de negociación para escuchar y atender a las demandas. Nosotros proponemos la intervención de las mutuas para acortar los periodos de baja en aquellas personas que realmente no van a trabajar no porque no quieran, sino porque no han recibido la alta porque no han podido pasar por las pruebas diagnósticas", ha trasladado.