Actualizado 25/04/2022 20:05

Mato y Mayer tachan de "ajuste de cuentas político" el caso Madrid Open que buscaba "dañar personal y políticamente"

Los exconcejales de Hacienda y Economía Carlos Sánchez Mato (izquierda) y de Cultura, Deporte y Turismo Celia Mayer (derecha) a su llegada a la Audiencia Provincial donde acuden como acusados en el jucio de los contratos del Open de Tenis
Los exconcejales de Hacienda y Economía Carlos Sánchez Mato (izquierda) y de Cultura, Deporte y Turismo Celia Mayer (derecha) a su llegada a la Audiencia Provincial donde acuden como acusados en el jucio de los contratos del Open de Tenis - EUROPA PRESS

Grupo Municipal Popular pide 5 años de cárcel, el Ministerio Público reclama la absolución y los acusados que el PP pague las costas

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los exdelegados durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa Carlos Sánchez Mato (Economía y Hacienda) y Celia Mayer (Cultura, Turismo y Deportes) han tachado de "ajuste de cuentas político" el caso Madrid Open, que buscaba "dañar personal y políticamente" a los "contrincantes políticos" del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Así se han expresado durante el juicio que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial, de más de ocho horas, en el que se ha tratado de dirimir si hubo un delito de prevaricación o malversación en encargar dos informes externos sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis durante la Alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón. Junto a Mayer y Sánchez Mato se ha sentado en el banquillo la que fuese consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela.

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en el mandato pasado por el Grupo Municipal Popular que entendía que se los contratos se encargaron "a dedo" y "sin publicidad". Piden cinco años de cárcel para los acusados y 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público

UN PAGO DE CINCO MILLONES DE EUROS POR DERECHOS DE SEDE

Estos contratos externos ascendieron a 50.000 euros y buscaban, según ha explicado Varela, discernir cómo se había elaborado la contratación con la empresa organizadora del Open de Tenis (Madrid Trophy Promotion) especialmente tras percibir que se podría estar cayendo en una duplicidad de pagos en concepto de derechos de sede.

Concretamente se trataba del pago por "derechos de sede" que ascendían a cinco millones de dólares, que no contaban con un "soporte documental" y no aparecían "reflejados en ningún lado", según ha explicado la directora del área legal de Madrid Destino en esa época, Ana Yáñez, una de las diez testigos que han acudido a la Audiencia a declarar.

Varela ha expuesto que el motivo de este análisis fue su llegada primero a la coordinación del área de Deportes y posteriormente al puesto de consejera delegada de Madrid Destino, cuyo evento con más presupuesto es el Open de Tenis.

"Yo era quien tenía que dar cuenta a mis superiores", ha recalcado Varela, quien solicitó cuando era coordinadora del área que dirigía Celia Mayer a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento toda la información sobre la contratación para organizar el Open de Tenis, aunque las limitaciones con las que contaban las competencias de esta asesoría hicieron que el informe no satisficiera las "dudas que tenía" sobre lo que creía irregularidades.

AUDITORÍA AL LLEGAR A MADRID DESTINO

Esta búsqueda de información continúa cuando cesa en ese cargo y pasa a ser consejera delegada de Madrid Destino donde solicita un primer informe externo --ya que la empresa pública no podía hacer uso de la asesoría municipal por no tener convenio--. Ha sostenido que externalizar estos servicios jurídicos era algo "habitual", asunción que han asegurado otros de los testigos que han declarado.

Este primer encargo, al buffete Nazaret 6, buscaba poder tener un informe jurídico para "aclarar el modelo de relación comercial con MTP" como hizo con otras áreas de la empresa. Varela temía que el contrato pudiese ser "nulo" y que no se debería pagar esa cantidad por estar "duplicada".

Esta situación junto a la inminente llegada de la factura de cinco millones y al dictamen externo llevaron a Varela a contratar a dos equipos de abogados más --por 50.000 euros-- para tener informes de la "máxima calidad posible" que pudieran solucionar dudas, para las que necesitaban personas "competentes y con capacidad técnica". "No me arrojó ningún tipo de dudas, era algo habitual", ha sostenido.

Uno de ellos fue el fuentes Alemany, Escalona y Fuentes. Joaquín Fuentes Barjadí ha explicado que les contactó Varela y que pidieron un análisis técnico jurídico de lo acontecido entre 2001 y 2017. Ha expuesto que se elaboraba un "dictamen omnicompresivo" de las diferentes vertientes de los contratos y considera que los informes que se habían elaborado hasta la fecha no le parecieron "completos" sino más "una revisión de lo dicho" previamente.

Al ser preguntado por si tenía sentido solicitar el informe, ha recalcado que era un proceso "complicado de entender" la evolución de la contratación en torno al Madrid Open durante 15 años porque era un entramado "enrevesado" en el que se conjugaban contratos de patrocinio, acuerdos, convenios y otras fórmulas.

SÁNCHEZ MATO VOLVERÍA A FIARSE DE VARELA

Por su parte, Carlos Sánchez Mato ha sostenido que lo que motivó su actuación fue un "exceso de celo" en el uso de fondos públicos, por lo que pidió un dictamen sobre estos contratos a la asesoría jurídica del Consistorio tanto desde su cargo de vicepresidente de Madrid Destino --que no podía pedirlo-- y posteriormente como delegado de Economía.

Ha defendido que en el informe que se le facilito faltaban aspectos como los elementos económicos o las contrapartidas de cesiones (como la de la Caja Mágica). "Una cosa es una subvención, yo como administrador le pago un dinero a MTP, otra cosa es un convenio que supone un 'quid pro quo'", ha remarcado.

Al ser preguntado por si, en su condición de delegado, se le informó de los contratos con los dos bufetes, ha explicado que la cantidad era "pecata minuta" para que se le transmitiera. "Las irregularidades eran un secreto que conocíamos muchos (...) El informe de Nazaret decía además que había cuestiones serias con posible relevancia penal", ha añadido Sánchez Mato, quien ha aseverado que volvería a "fiarse" de Varela cuando le explicó que pediría estos dictámenes.

Por último ha calificado estos cinco años de proceso de "ataque político y ajuste de cuentas" de los 'populares' que han intentado "arruinar" su vida, pero que "no lo han conseguido" sea cual sea el fallo.

MAYER ESTABA DE BAJA DE MATERNIDAD

Por su parte, Celia Mayer ha explicado que cuando se firmaron los contratos con los abogados ella estaba de baja maternal --de 17 de octubre de 2016 hasta el 17 de febrero de 2017-- y que no pudo "participar" en esos contratos.

Aún así, ha recordado que el contexto de estos contratos e informes es 2016 cuando había un "mayor celo aún" a raíz de las políticas de austeridad impulsadas desde el Gobierno central frente a la crisis económica.

"Quiero hacer alusión también al coste profesional y personal que ha tenido este proceso. Estos mismos argumentos fueron demostrados en la fase de instrucción y a pesar de ello hemos estado con una estigmatización de esta petición de cárcel con consecuencias profesionales y profesionales, que han sido inmensas", ha lanzado.

EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOLICITA CINCO AÑOS

El Grupo Municipal Popular solicita entienden, según ha explicado hoy su letrada, que se buscó un asesoramiento jurídico "no necesario" con "intereses particulares" y de "espaldas a la normativa".

Considera, además, que en el propio Consistorio había "personal cualificado, que, aunque fuera de "forma informal" podrían haber solucionado las dudas sobre el contrato y que, en cambio, fueron "directos a contratar los informes y terminar en una denuncia sin recorrido" contra los anteriores equipos de gobierno 'populares'. Los ediles de Ahora Madrid presentaron en Fiscalía Anticorrupción lo que entendían que eran indicios de irregularidades.

La Fiscalía de Madrid no ve delito en su actuación y ha reiterado su petición de que se absuelva a los tres acusados y entiende que no tiene "sentido" que existiera el delito y que ellos hayan sido sentados en el banquillo pero Yáñez no. Por su parte las defensas de Sánchez Mato, Mayer y Varela han pedido que se absuelva y, además, se condene al Grupo Municipal Popular al pago de las costas, ya que creen que hubo "mala fe" en la querella. El juicio ha quedado visto para sentencia.