Archivo - Un alumno en un examen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
MURCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Región de Murcia se situará como la tercera comunidad autónoma de España que mejor resistirá el descenso de la población en edad escolar durante los próximos 15 años, según un informe publicado por Fundación BBVA y el Ivie que recoge las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, la población murciana de entre 6 y 24 años --la edad típica para cursar enseñanzas obligatorias y posobligatorias-- experimentará una caída acumulada del 10% en el horizonte del año 2041.
Este retroceso sitúa a la comunidad casi cuatro puntos por encima de la media del conjunto de España, donde se prevé un desplome medio del 13,7%, lo que supondrá 1,32 millones de jóvenes menos en las aulas del país.
El dinamismo demográfico de la Región de Murcia solo se verá superado en resistencia por la Comunidad Valenciana, donde la población en edad de estudiar caerá un 5%, y por Islas Baleares, con un descenso previsto del 8,6%.
La situación de la comunidad contrasta con los retrocesos proyectados para el norte y oeste peninsular, como son los casos de Cantabria (-22,8%) o Extremadura (-23,1%), e incluso con las ciudades autónomas de Melilla (-33,4%) y Ceuta (-34,5%), que perderán más de un tercio de su alumnado potencial.
La investigación concluye que la caída prevista de población en edad de estudiar "podría aliviar la presión sobre los recursos del sistema educativo español en su conjunto". Sin embargo, precisa que las notables diferencias por niveles de enseñanza y entre territorios en la evolución demográfica "plantean un reto mucho más complejo".
Mientras que en Enseñanza Primaria la caída de alumnado potencial supera el 10% y en Secundaria el 20%, en el caso de la población en edad de cursar estudios superiores el descenso acumulado sería más reducido, del 8,7%. Además, la demografía señala un crecimiento de la población menor de 6 años que generará mayores necesidades de Educación Infantil.
También por regiones, las previsiones son muy desiguales, ya que frente a la reducción por encima del 20% de la población en edad de formación en Extremadura o Cantabria, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Baleares la caída esperada no llega al 9%.
Los investigadores señalan que reasignar recursos presupuestarios y materiales, infraestructuras educativas y profesores en función de las necesidades demográficas "no resultará sencillo, pero las administraciones educativas deben reforzar ya su planificación futura, teniendo en cuenta el margen que ofrece la próxima jubilación de buena parte del personal docente". "Solo una adecuada programación a medida podrá dar respuesta apropiada a las necesidades educativas de la sociedad", apuntan.
Por otra parte, el informe subraya que "la próxima jubilación de buena parte de los docentes introduce un elemento de flexibilidad potencial en la asignación de recursos que hay que saber aprovechar".
En este sentido, destaca que los últimos datos disponibles sitúan la edad media de los profesores de las universidades públicas en 49,5 años en el curso 2023-24, con un 18,7% de ellos con 60 o más años. En el caso de la enseñanza Secundaria un 35% supera ya los 50 años.
"Esto aumenta el margen para reorientar los recursos humanos que se incorporen hacia los tipos de formación y los territorios donde resulten más necesarios", recoge el estudio.
Para los investigadores, "la necesidad de una adecuada planificación de la política educativa, que contemple de modo realista las tendencias demográficas y su impacto territorial, resulta evidente".
"Ese ejercicio de responsabilidad es fundamental dada la importancia que la educación juega en la vida de las personas, su contribución a la igualdad de oportunidades y su papel como motor del desarrollo económico y el progreso social. Esto resulta aún más necesario en un momento como el actual, en el que cobra más importancia la formación continua a lo largo de la vida y se aspira asimismo a continuar reduciendo el abandono educativo temprano y mejorar la calidad de la educación", señala el documento.
Ante un escenario futuro de creciente presión sobre los recursos públicos para cubrir otras necesidades sociales también fundamentales (como la sanidad, las pensiones o la atención a la dependencia), el reto para las administraciones educativas "es resolver el sudoku al que van a enfrentarse en los próximos años".