Aclara que no puede compararse con la consulta del 9N de Artur Mas porque entonces no hizo acusación penal por malversación y ahora sí
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no engañe" y "no presione" ni "silencie" a la Abogacía del Estado para librar a más de 30 ex altos cargos del Govern de Cataluña de las multas que pide para ellos el Tribunal de Cuentas, y ha instado a la Abogacía a "invocar su legitimación" para acusarlos.
"No presione al Tribunal de Cuentas" y "no presione a la Abogacía del Estado" ni la intente "silenciar", ha reclamado Bal a Sánchez durante una rueda de prensa en la sede de Cs, donde ha destacado que él mismo sufrió presiones del Ejecutivo cuando trabajaba como abogado del Estado en la causa contra los líderes del proceso independentista de 2017 en Cataluña y le cesaron por negarse a modificar su escrito de acusación.
El dirigente de la formación naranja ha pedido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que "no engañe" utilizando "argumentos falaces" como que, frente al presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), la Abogacía del Estado no está legitimada para presentar alegaciones porque los fondos afectados son de la Generalitat y no de la Administración General del Estado.
NO VALE EL PRECEDENTE DE LA CONSULTA DE 2014
En su opinión, no puede basarse en los precedentes en el Tribunal de Cuentas que niegan la legitimación de la Abogacía del Estado frente al uso de fondos para la consulta de 2014 sobre el futuro político de Cataluña, impulsada por el expresidente de la Generalitat Artur Mas. "No compare un asunto con el otro" porque por la consulta de 2014 "la Abogacía del Estado no dirigió una acusación penal por malversación", como sí hizo en el caso del 'procés', ha indicado.
Según ha destacado, la legitimación de la Abogacía del Estado ante los delitos de malversación del 'procés' se sustentaba sobre el hecho de que "más del 75 por ciento del Presupuesto de la Generalitat se financiaba a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", es decir, "del dinero de todos los españoles", y esto lo ratificó la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazando los argumentos de los líderes separatistas catalanes.
Por tanto, Bal considera que ahora la Abogacía del Estado "debería invocar su legitimación en el proceso de enjuiciamiento contable" que hay en el Tribunal de Cuentas porque su función es "proteger el tesoro público" frente a quienes causan un quebranto en el mismo con acciones dolosas o negligencia grave.
SÁNCHEZ Y SU GOBIERNO BUSCAN "DESLEGITIMAR LAS INSTITUCIONES"
El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos sostiene que los indultos que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha concedido a los nueve condenados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017 "son solamente el primer pago a los golpistas" y que, después de perdonar a estos las penas de prisión, ahora también "quiere perdonar las deudas con el tesoro público" que han contraído más de 30 excargos de la Generalitat.
Para ello, Sánchez y su Ejecutivo "intentan deslegitimar las instituciones constitucionales", ha advertido. "Ya lo ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial y con Radiotelevisión Española y ahora va a por el Tribunal de Cuentas porque le conviene para mantenerse en el poder", ha apuntado.
Así, ha acusado al Gobierno de "menospreciar" a los trabajadores del tribunal, que han fijado provisionalmente la multa 5,4 millones de euros, un dinero que los políticos nacionalistas destinaron a "cometer delitos" cuando se tendría que haber dedicado a financiar la sanidad, la educación o la dependencia.
Tras recalcar que las instituciones "están para servir a todos los españoles, no a un partido político ni al único interés de mantenerse en el poder", ha avisado al líder del PSOE de que "le va a salir mal la jugada" porque "el Estado de Derecho es mucho más fuerte de lo que él se cree" y porque España es "una democracia avanzada".
